José Adán Silva
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Confiscados amenazan con demandar al Estado
José Adán Silva
Dicen que se cansaron de esperar por las buenas y que, a partir de ahora, todo será por la fuerza de la ley: o nos resuelven los problemas de propiedad o demandamos al Estado y le arruinamos su “buena imagen”.
Así se expresó ayer mediante una nota de prensa la Asociación de Confiscados de Nicaragua, Tenedores de Bonos y personas con Problemas de la Propiedad, luego de una reunión en la ciudad de Matagalpa, donde acordaron unirse las distintas asociaciones que representan a sectores afectados por problemas de propiedad, para demandar masivamente al Estado de Nicaragua por incumplimiento en la resolución de este tipo de conflictos.
En la reunión participaron miembros y directivos de la Asociación de Cafetaleros de la Asociación Nacional de Confiscados; Asociación de Ganaderos y Cafetaleros, abogados norteamericanos representantes de ciudadanos estadounidenses confiscados; miembros de la Asociación de Confiscados Norteamericanos con representación en Louisiana; miembros de la Resistencia Nicaragüense; confiscados canadienses, tenedores de bonos y pequeños reclamantes de tierras.
GRAVE DENUNCIA
La secretaria de esa organización, Inesyvonne Conrado Lanzas, dijo que durante el encuentro acordaron varias acciones para presionar al Gobierno, siendo el principal aspecto la organización de una demanda masiva contra el Estado de Nicaragua, por el incumplimiento de las distintas instituciones gubernamentales creadas para cumplir los acuerdos adquiridos con diversos sectores y por la constante violación a las leyes de la República, referidas al conflicto de la propiedad.
En segundo lugar, según la secretaria de la organización de confiscados y afectados por problemas de propiedad, ellos van a denunciar ante la comunidad internacional al Estado de Nicaragua y “vamos a comunicarle al Gobierno de Estados Unidos la situación real de la propiedad en Nicaragua, porque una de las condiciones para la ayuda al país es resolver el problema de la propiedad, sin embargo los casos Waiver hasta la vez no han sido solucionados más que en papel, ya que cientos de los que se han reportado al Departamento de Estado en realidad continúan sin resolverse y por eso hemos acudido ante la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua para denunciar esas anomalías”.
De acuerdo a Conrado Lanzas, por 14 años los confiscados han esperado pacientemente que les resuelvan sus problemas, “pero aquí vemos que a los únicos que este Gobierno está interesado en resolverle los problemas son a los banqueros y las grandes empresas, a los influyentes y mafiosos, pero esto se acabó, vamos a organizarnos y demostrarle que debe respetarnos y que como nicaragüenses tenemos los mismos derechos que los grandes”, expresó Conrado Lanzas.
PGR: “ESTÁN EN SU DERECHO”
Según la señora miembro de la organización, todos los confiscados han sido por muchos años objeto de humillaciones, de malos tratos, víctima de corrupción gubernamental y burocracia y retardación de justicia en las instituciones encargadas de velar por el problema.
“Hemos llegado 30, 40, 50 veces a golpearles las puertas, y casi nunca nos atienden, nos engañan diciendo que volvamos; cuando por fin nos abren, nos dejan esperando, no nos dan respuestas, y si les reclamamos nos tratan mal y amenazan, nos tratan como de quinta categoría”, dijo Conrado Lanzas, quien señaló que también están pidiendo al presidente Enrique Bolaños que investigue a directores y funcionarios de las instancias creadas para resolver y administrar el problema de la propiedad, como la Corporación Nacional del Sector Público, y que los audite mediante la Contraloría y “que se les sancione por corruptos y negligentes, dado que estas situaciones han dado pase a acciones delincuenciales y millonarias pérdidas al Estado y a los empresarios, verdaderos dueños de las propiedades”.
Ellos han convocado a todos los nicaragüenses y extranjeros que presenten problemas de propiedad, a una reunión en la ciudad de Matagalpa el próximo 30 de agosto, en el auditorio Jorge Salazar de las oficinas de la Asociación de Cafetaleros de Matagalpa, para recibir todos los casos de aquellos afectados que deseen entrar en la demanda.
El Procurador General de la República, Alberto Novoa, dijo que los afectados están en su legítimo derecho a demandar judicialmente al Estado si sienten que les han violado sus derechos, pero que la Procuraduría como abogada de los intereses del Estado, también hará uso de su legítimo derecho a la defensa. “Por lo pronto, puedo decirte que he delegado al subprocurador Víctor Manuel Talavera para que se encargue del problema y trate de resolver en la medida de lo posible para resolver de una vez ese problema”, dijo Novoa.
