- Reconocimiento del Estado abre la puerta para compensaciones a familiares de opositores desaparecidos durante la dictadura militar
- Presidenta Moscoso lo hace apenas a una semana de pasar el mando al hijo del ex general Torrijos
James AparicioAFP
PANAMÁ.- El Gobierno de Mireya Moscoso aceptó este miércoles la responsabilidad del Estado en la desaparición de 110 opositores durante el régimen del general Omar Torrijos (1968-89), a menos de una semana que su hijo Martín Torrijos asuma la Presidencia de Panamá.
La Presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, cuyo mandato concluirá el próximo 1 de septiembre, reveló a la prensa que la decisión sería comunicada este miércoles a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Washington.
Moscoso informó que firmó un documento dirigido a la CIDH “en el que el Estado panameño acepta la culpabilidad de los delitos de lesa humanidad ocurridos en 21 años de dictadura”.
El presidente de la Comisión de la Verdad, Alberto Almanza, confirmó a la AFP la decisión de Moscoso “donde el Estado panameño aceptó la responsabilidad en violación a los derechos humanos durante la dictadura militar, lo que abre el camino para negociar una reparación económica”.
Almanza explicó que Panamá aceptó “se allane el camino a una reparación económica” de unos 400 familiares de las víctimas, la cual se tendrá que negociar con el gobierno del presidente electo, Martín Torrijos, a partir del 1 de septiembre.
“Esta decisión me llena de satisfacción porque corona el esfuerzo de tres años de trabajo y lucha de la comisión de la verdad y los familiares de los desaparecidos”, dijo Almanza.
La Comisión de la Verdad fue creada por Moscoso el 18 de enero de 2001 para documentar los casos de los desaparecidos y asesinados, la mayoría ocurridos cuando el general Omar Torrijos, padre del presidente electo Martín Torrijos, era el hombre fuerte de Panamá.
La Comisión de la Verdad entregó hace dos años un voluminoso informe con testimonios, declaraciones y documentos desclasificados del Ejército panameño y del Gobierno de Estados Unidos que permitieron documentar los 110 casos de desaparecidos y asesinados por oponerse al régimen militar.
El informe permitió identificar a todos los desaparecidos, de los cuales sólo se han encontrado cuatro restos humanos, los sitios de tortura en los cuarteles militares y a los oficiales y soldados involucrados en las torturas y secuestros.
LOS CASOS MÁS CÉLEBRES
El asesinato del dirigente estudiantil Floyd Britton en 1969 en una prisión militar, la desaparición del sacerdote colombiano Héctor Gallego en 1971 tras ser arrestado por agentes de la seguridad del Estado y del opositor Hugo Spadafora, decapitado en la frontera con Costa Rica en 1985, son considerados los asesinatos más graves ocurridos durante el régimen militar panameño.
“El informe de la Comisión de la Verdad descubrió la intolerancia de los militares a los que se oponían a su proyecto político y económico”, explicó Almanza, y también agregó que gran número de las muertes se produjeron en cuarteles militares o en montañas donde civiles se armaron entre 1968 y 1971 para combatir al régimen.
VIEJO “TRAIDO”
El 11 de octubre de 1968 una junta militar encabezada por Omar Torrijos —padre del hoy presidente electo Martín Torrijos— sacó del poder al presidente constitucional Arnulfo Arias Madrid, entonces esposo de la actual Presidenta, e impuso un régimen respaldado por Estados Unidos. Aunque Almanza dijo que en las investigaciones de la Comisión de la Verdad, el general Omar Torrijos “no aparece directamente implicado en las desapariciones”, aseguró que el general Manuel Antonio Noriega, entonces coronel jefe de los servicios secretos, es el principal involucrado.
