Wilder Pérez R.
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Urgen reformas a Ley de Defensa de Consumidores
Wilder Pérez R.
El mecanismo actual para la defensa del consumidor podría colapsar en uno o dos años si no se reforma su ley creadora, advirtió ayer Julio César Bendaña, Director General de Competencia y Transparencia de Mercados, del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).
Bendaña informó que se necesitan tres cambios fundamentales. El primero, para que los reclamos sean menores y menos costosos, la extensión del área de atención, y la definición del ámbito de acción entre los entes reguladores de los servicios básicos y las oficinas de Defensa del Consumidor.
La urgencia se hizo evidente este año, al duplicarse la cantidad de demandas de los consumidores, que el año pasado no pasó de las mil 100, y que en los últimos seis meses alcanzó las mil 300.
La Dirección de Competencia y Transparencia de Mercados no se da abasto, porque sólo tiene una oficina, 18 personas y un vehículo compartido con otras direcciones para atender todo el país.
Aparte, los inspectores para todo el país son dos, por lo que de más de 200 solicitudes al mes, sólo logran atender 60.
“Podríamos atender de oficio problemas que se originen en el comercio y que afectan masivamente al consumidor, como la verificación del etiquetado en productos alimenticios, por ejemplo, donde se tienen que tomar muestras, hacer exámenes de laboratorio, pero es imposible hacerlo porque no tenemos la capacidad”, aseguró.
Las principales propuestas de reforma pretenden solucionar los problemas de tiempo y dinero, acortando plazos de solución, disminuyendo la burocracia y utilizando recursos como telegramas y fax para los llamados, además de recortar de dos a una las citas de trámites conciliatorios.
También se planea abrir oficinas en las principales cabeceras departamentales del país, a través de convenios con las alcaldías.
Bendaña recordó que se recomendará a los entes reguladores de los servicios básicos asumir su responsabilidad de atender a los consumidores y darles respuestas.
No obstante, el problema para administrar la Ley 182 con o sin reformas, es la falta de recursos económicos, aunque Bendaña aseguró que no sería una inversión de cifras mayores.
