Mirna Velásquez Sevilla
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Derroche en INSS sigue impune
Mirna Velásquez Sevilla
La mala administración en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) durante la administración de Martín Aguado, dejó pérdidas cercanas a los 150 millones de córdobas, según informó ayer la presidenta de esa institución, Edda Callejas.
Callejas explicó que se realizaron varios informes y fueron enviados a la Contraloría General de la República (CGR) y, en uno de ellos se reflejan gastos irregulares que hubo en el área de comunicación social.
“Se gastaba en exceso el presupuesto sin tener ningún contenido, donde se le pagaba a un asesor veinte mil dólares mensuales por asesoría de imagen”, refirió.
“En esta auditoría de lo que son los salarios y el no pago de impuestos sobre la renta de algunos funcionarios del INSS que laboraban en aquella época, es un perjuicio de aproximadamente 33 millones de córdobas”, recordó.
El informe con fecha dieciséis de diciembre de 2002, elaborado por el auditor interno, Humberto Sandoval, fue remitido a los contralores colegiados pero desde entonces no se han pronunciado al respecto.
PGR ESPERA RESPUESTADE CONTRALORES
Callejas dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) le ha externado que van a esperar que los contralores se pronuncien, para luego ejercer sus funciones de defensa del patrimonio del Estado.
La funcionaria detalló que en las investigaciones se detectó a personas que supuestamente trabajaban en el INSS pero no desempeñaron ninguna función.
Asimismo, había quienes trabajaban en otras instituciones y, a la vez, en el INSS, cuando ni siquiera estaban en el país.
“Eran empleados reales, existían, de carne y hueso, pero simplemente no trabajaban para nuestra institución, no había un contenido de trabajo. En muchas de las ocasiones los informes que documentaban no eran realistas”, refirió.
De acuerdo a los resultados de la investigación, los supuestos empleados estaban en la Presidencia Ejecutiva, la División Legal, la División General de Finanzas, Secretaría General, División General de Administración y la División General de Sucursales.
El informe Sandoval precisó que las personas que recibían los salarios eran 37, y que los directores de las áreas donde supuestamente laboraban, dijeron no conocer a esos supuestos empleados.
