Moisés Martínez
El escenario energético nicaragüense fue sacudido nuevamente, tras el veto que emitió el presidente Enrique Bolaños a las últimas reformas realizadas por los diputados de la Asamblea Nacional a la Ley de la Industria Eléctrica.
Las reformas referidas son las que fusionaron a la Empresa Nacional de Trasmisión Eléctrica (Entresa) y la generadora hidroeléctrica Hidrogesa, con la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel).
De acuerdo a la secretaria de Asuntos Legales de la Presidencia de la República, Fabiola Masís Mayorga, la decisión del mandatario se debió a que dichas reformas constituían un retroceso para el sector eléctrico, e incluso colocaba al país en una posición de incumplimiento ante una serie de compromisos con organismos financieros internacionales, entre los que se encuentra incluso la misma Iniciativa de Países Altamente Endeudados (HIPC).
Prácticamente, todos los agentes del sector eléctrico, como Unión Fenosa, la Comisión Nacional de Energía (CNE), las distintas generadoras privadas que funcionan en el país e inclusive la misma Entresa, protestaron ante la decisión de los diputados, la que fue calificada como “un cambio peligroso de las reglas del juego”.
Incluso se conoció que el mismo Banco Mundial envió una carta al mandatario en la que expresaba su preocupación por estas reformas.
Curiosamente, sólo la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) fue el único agente energético que no protestó la decisión de los parlamentarios, que prácticamente le daba facultades a esa institución de ser una empresa generadora y transmisora a la vez.
Masís Mayorga relató que estas reformas surgieron a raíz de la solicitud para que los diputados transformaran a Entresa, que es una empresa compuesta por una sociedad anónima, a una entidad completamente estatal y así tener derecho a la exoneración del pago de impuestos.
Sin embargo, los diputados fusionaron a Entresa con Enel, lo que le daba a esta institución el dominio del Centro de Despacho de Carga, que es el sitio donde se controla la energía que entra a los sistemas de distribución, lo cual ponía a Enel, que posee dos generadoras (Gecsa e Hidrogesa), en ventaja sobre las demás generadoras privadas.
Masís Mayorga también explicó que establecer a Enel como generadora y transmisora a la vez, prácticamente iba en contra de lo establecido en la misma Ley de Industria Eléctrica en sus artículos 26, 29 y 41, lo que resulta contradictorio.
“Lo que esperamos es que luego de conocerse el veto, se establezca un foro de discusión entre todos los agentes del sector, los diputados y el Gobierno, para decidir cuáles son las mejores disposiciones para beneficio de los consumidores”, finalizó Masís Mayorga.
