Ricardo Sánchez Calero*
Roman, Times, serif»>Opinión
SIP no arranca… ¿quién paga?
Ricardo Sánchez Calero*
Los organismos Financieros Internacionales propusieron al gobierno del entonces presidente doctor Arnoldo Alemán, la transformación del sistema de Seguro Social en Nicaragua, argumentando que era necesario que el país sufriera este cambio para poder ser beneficiado con la iniciativa HIPC, además de los beneficios financieros que traería al empleado al momento de su jubilación.
El gobierno del doctor Arnoldo Alemán procedió a la creación de la Superintendencia de Pensiones (SIP) que no es más que la fragmentación del universo de los tributarios del Seguro Social, los cotizantes menores de 43 años se regirían por la entidad recién creada y los mayores de 43 años continuarían cotizando en el Seguro viejo como popularmente se le empezó a llamar al INSS. Se reforma la ley del Seguro Social y el porcentaje de retención a los empleados se incrementa pasando de un cinco por ciento a un 6.25 por ciento, asimismo se incrementa el porcentaje de retención a las empresas del 7.5 por ciento al 15 por ciento, este excedente adicional que a cada asalariado se le empezará a deducir y que cada empleador deberá pagar será para financiar la creación y puesta en marcha de esta nueva institución: Superintendencia de Pensiones.
Los organismos multilaterales también aportan recursos económicos para este nuevo proyecto de reforma de pensiones, lo que se debe considerar en cuestión es, si este monto aportado será en carácter de donativo o de préstamo, aunque de los recursos aportados por los diversos sectores nacionales y extranjeros, el que será más sensible en términos económicos es el capital aportado por nacionales, ya que esto viene a disminuir el poder adquisitivo de los asalariados.
Automáticamente a la creación de la Superintendencia de Pensiones surgen las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), quienes manejarían el dinero de las cotizaciones de los empleados, éstas serían supervisadas y reguladas por SIP siendo la función principal de este ente regulador. El de velar por el buen manejo de los recursos de los asalariados nacionales en manos de estas entidades financieras. Asimismo por la transparencia con la que las administradoras de fondos de pensiones rendirían cuenta a los cotizantes, de cómo se está manejando su capital y los beneficios financieros en carácter de interés por saldo que éstas le están generando.
En el mes de julio del año en curso estos mismos organismos financieros multilaterales oficializaron al Gobierno del Presidente, ingeniero Enrique Bolaños, que en Nicaragua no es viable la implantación de la reforma del sistema para pensionados, que este país no tiene las condiciones financieras para echarlo a andar, ya que crearía un déficit de más de mil millones de córdobas. Por lo tanto ellos vuelven a recomendar, que se aborte el proyecto y que el empleado nacional siga cotizando en el Seguro Social vigente.
El Gobierno de Nicaragua no ha hecho del conocimiento de la resolución de estos organismos sobre la reforma del Seguro Social en Nicaragua, se le está ocultando al trabajador que el proyecto que desde hace años ha venido financiando no resultó, que la Superintendencia de Pensiones y las administradoras de fondos de pensiones se quedarán únicamente en gavetas de escritorios como proyecto inconcluso.
Al momento de formular la creación de esta entidad reguladora fueron partícipes tanto funcionarios de estos organismos internacionales como funcionarios del Gobierno de la administración pasada, sin embargo aparentemente ninguno tuvo la capacidad de analizar si las condiciones que el país presta son las condiciones requeridas para la implantación de este tipo de seguro de pensiones, llegar a la conclusión que esta reforma no es viable para Nicaragua, es haber mal gastado tiempo y recursos valiosos para la clase asalariada nacional.
Ante la resolución de estas entidades internacionales y el silencio del Gobierno.
¿Qué le espera a la Superintendencia de Pensiones?
¿Quién pagará los daños causados a la economía familiar de la clase trabajadora del país?
Con esta nueva realidad nacional el más afectado es siempre el pueblo, no los señores internacionales que implantaron un laboratorio improvisado para alguna idea que se les ocurrió, tampoco el Gobierno ni sus funcionarios.
El pueblo de Nicaragua está en las facultades de exigir al Gobierno de turno la retribución monetaria del monto enterado en concepto de cuotas de Seguro que aportó para este proyecto infuncional. El Gobierno de Nicaragua deberá exigir a estos organismos internacionales más respeto a la dignidad del pueblo. Asimismo indemnización por los daños causados al país.
* El autor es administrador de empresas
