Marcela Sánchez
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Lavado de dinero, bancos y corrupción
Marcela Sánchez
Cuando de lavado de dinero se trata, lo mejor es hacerlo a alto nivel.
Hace más de dos años, la Ley Patriota de Estados Unidos estableció como requisito para todas las instituciones financieras, informar a las autoridades cualquier actividad sospechosa con el propósito de asegurar que no sean utilizadas para financiar terrorismo, lavar dinero u ocultar ganancias de actividades criminales.
Desde entonces, sin embargo, algunos gobiernos que Washington cataloga como patrocinadores de terrorismo, junto con funcionarios corruptos de otros países y narcotraficantes han usado muchas instituciones financieras conocidas sin que ninguna institución lo informara a tiempo. Entre ellas: el principal banco de Puerto Rico, Banco Popular; la sucursal estadounidense del banco suizo UBS; el Hudson United Bank de New Jersey; y Terrabank en Miami.
La semana pasada, investigadores del Senado revelaron que el Riggs Bank, una respetada institución de Washington, ayudó al ex dictador chileno Augusto Pinochet a ocultarle hasta US$8 millones a fiscales internacionales. Denunciaron además que representantes del banco le entregaron a Pinochet, a domicilio y en persona, su dinero antes de que las autoridades pudieran congelar sus cuentas.
El problema en el Riggs no se limitó a Pinochet sino que incluyó tratos sospechosos con funcionarios de Arabia Saudita y con Teodoro Obiang Nguema, dictador de Guinea Ecuatorial. En vez de provocar rechazos, ejecutivos del banco parecieron demasiado deseosos de atender a las necesidades de clientes de mala fama mientras que reguladores federales a duras penas tomaron cartas en el asunto. Acciones legales claves contra Riggs sólo ocurrieron, según los investigadores del Senado, “después de que informes de prensa negativos empezaron a generar preguntas públicas”.
Irónicamente los bancos podrían aprender algo de las centenares de empresas no bancarias que envían miles de millones de dólares en remesas cada año alrededor del mundo desde pequeñas y modestas oficinas en comunidades étnicas y de inmigrantes. Incluso antes de la Ley Patriota, los remitentes de dinero con licencia empezaron a autorregularse y hoy figuran entre las instituciones financieras que mejor conocen a sus clientes y con más frecuencia informan a las autoridades sobre actividades cuestionables.
Desde mediados de los noventa, autoridades federales sospechaban que los remitentes de dinero eran muy propensos a actividades criminales, particularmente lavado de activos. Para sobrevivir y prosperar en un mercado rápidamente creciente —y evitar procesos judiciales— los remitentes tomaron la delantera.
Los bancos, por otra parte, no han tenido esos mismos “incentivos” para reformarse, haciendo que la eterna lucha por detectar y castigar actividades ilegales en la forma de transacciones financieras internacionales sea hoy muy desequilibrada y de eficacia cuestionable.
“El sistema regulador en su totalidad tiene un serio problema de aplicación desigual de leyes y regulaciones”, dijo Charles Intriago, un ex fiscal federal que ahora es presidente de lavadodinero.com. Mientras docenas de pequeños remitentes de dinero han sido sancionados, sentenciados o sufrido multas millonarias, dijo, ningún comerciante de valores de un tamaño considerable ni banco alguno en los últimos 13 años han sido sentenciados. Mientras sigan recibiendo siempre la carta para “Salir libre de la cárcel” como en el juego de Monopolio, los bancos no tomarán las leyes en serio, agregó.
En el 2001, un padre y sus dos hijos, dueños de una compañía de envíos de remesas en Miami, fueron atrapados en una operación encubierta y sentenciados a 188 y 155 meses respectivamente por lavar 714,000 dólares. En el 2003, en la acción más severa contra un banco en años, el Banco Popular de Puerto Rico fue acusado por no informar sobre el lavado de $21.6 millones, de dinero de la droga y conminado con procesos judiciales. Pero después de que el banco pagó una multa de $20 millones, aceptó su responsabilidad y prometió portarse bien en el futuro, el Gobierno acordó no enjuiciarlo. (Para aquellos que están llevando cuentas, $21.6 millones es $20.9 millones más que $714,000 —y aun así el presidente del banco se quejó de haber sido tratado injustamente).
Por años los bancos estadounidenses han estado negándole cuentas o cerrándoselas a los remitentes por temor a que sean propensos a actividades criminales. Más aún, en un esfuerzo por proveer a más inmigrantes con necesarios servicios bancarios, líderes a lo largo de las Américas están llamando a una mayor participación de los bancos en el multimillonario negocio de remesas. El resultado podría ser quitarle negocio a aquellos con protecciones ejemplares contra el lavado de dinero y dárselo en cambio a aquellos con un manchado historial.
Claro que no todos los bancos son culpables y ese es precisamente el mensaje que quisieran enviar los remitentes sobre sí mismos. Mientras existen todavía miles de remitentes sin licencia, hay docenas con licencia que trabajan duro para cumplir plenamente con las leyes y regulaciones estadounidenses.
Aun así el Departamento del Tesoro estadounidense continúa señalándolos a todos como negocios arriesgados. Por lo menos en esos casos los bancos están escuchando cuidadosamente a los reguladores y optando por cerrarle sus puertas incluso a los remitentes con licencia. En casos más importantes, sin embargo, grandes instituciones bancarias mantienen el dudoso honor de lavar las cantidades más grandes de dinero para los clientes más prominentes y corruptos —con poco temor a las consecuencias.
Claro que no todos los bancos son culpables y ese es precisamente el mensaje que quisieran enviar los remitentes sobre sí mismos. Mientras existen todavía miles de remitentes sin licencia, hay docenas con licencia que trabajan duro para cumplir plenamente con las leyes y regulaciones estadounidenses.
