Roberto Cajina (*)
El incremento de la criminalidad y, consecuentemente, de la inseguridad, es un fenómeno generalizado en Centroamérica; sin embargo, aunque hay un conjunto de causas comunes o transversales, también existen diferencias de país a país.
La primera reacción que se provoca en algunos sectores es la criminalización –consciente o no– de la pobreza, es decir que pobre y delito son perversamente identificados como sinónimos, como términos idénticos de una misma ecuación. Ser pobre y ser delincuente es una especie de tautología, es decir, el que es pobre es delincuente y el que es delincuente es pobre.
Pero la delincuencia o criminalidad es un fenómeno de causas múltiples y reducir éstas a la pobreza, además de discriminado, es hipócrita e inmoral porque, en todo caso, la pobreza no la provocan los pobres. Las causas de la pobreza están enraizadas en el modelo económico imperante que se caracteriza, entre otros aspectos, por una injusta distribución de la riqueza y el ingreso.
En el caso de El Salvador hay un factor exógeno inevitable que debe considerarse. Las “maras” no son producto genuino, autóctono, de la sociedad salvadoreña, sino que, a mi juicio, es una “tropicalización” de las “gangas”(como dicen los latinos en Estados Unidos) –de gangs, o pandillas– típicas de Estados Unidos que fueron exportadas especialmente de ciudades del Estado de California a El Salvador, donde encontraron suelo fértil.
El conflicto armado de la década de 1980 lanzó a sectores de la juventud salvadoreña hacia Estados Unidos, y ahí se produjo una suerte de aculturación (pérdida quizás parcial de la identidad cultural), transculturación (imposición o adopción de nuevos patrones culturales) provocada por la necesidad de sobrevivir de estos jóvenes en un ambiente que además de serles ajeno, extraño, era, más grave aún, sumamente agresivo y hostil.
Se trató, en un principio, de la urgencia de defender su identidad y su territorio frente a las amenazas que representaban otros grupos o entidades raciales, sociales y económicas (chicanos, coreanos, chinos, japoneses, etc.), y luego esa necesidad vital se fue pervirtiendo progresivamente al incorporarse gradual e inevitablemente componentes típicos de la criminalidad californiana (estadounidense) como tráfico de drogas, robo de vehículos, trata de personas, secuestros, ajusticiamientos por encargo (sicarios), “pasadas de cuenta”, etc.
Al entrar esas entidades salvadoreñas en el mundo del crimen o la delincuencia y al estrecharse la legislación anti-inmigrantes en Estados Unidos, cantidades considerables de jóvenes salvadoreños que habían sido expulsados de su país por la guerra, fueron igualmente expulsados de Estados Unidos y regresados a El Salvador, pero con una identidad y hábitos de conducta radicalmente distintos. El tatuaje, por ejemplo, como distintivo de la identidad a la que se pertenece.
En resumen, sin ser simplista, las maras salvadoreñas son el resultado de la combinación de factores exógenos y endógenos.
Consolidadas las maras en El Salvador y endurecida la posición del Gobierno frente a este fenómeno (ley anti-maras y políticas de “cero tolerancia” y/o “mano dura”, por ejemplo), se comienza a producir una especie de regionalización de estas agrupaciones, cuyos componentes se trasladan especialmente a Honduras y Guatemala, países en los que igualmente encuentran un terreno fértil. En general, se trata de jóvenes de procedencia “lumpen”, excluidos por el sistema que no ofrece oportunidades (empleo, educación, salud, recreación).
Así, el fenómeno de las maras en El Salvador, Guatemala y Honduras, trasciende por mucho la naturaleza original de agrupaciones juveniles que defienden “su territorio” (cuadra, sectores, barrios) frente a la “amenaza” de otras organizaciones territoriales semejantes, en tanto se vinculan al crimen organizado y la narcoactividad. Y es aquí, donde hasta ahora reside, la diferencia esencial con Nicaragua.
En Nicaragua, las pandillas todavía conservan mucho de ese concepto de “protección o defensa territorial”, al que se le adicionan rivalidades personales, pero todavía no existe evidencia significativa de vínculos orgánicos con el crimen organizado y la narcoactividad. Lo anterior no indica que sean de un menor grado de peligrosidad.
Los gobiernos no tienen una política de seguridad pública. Se trata simplemente de una conducta típicamente reactiva que apunta a enfrentar los efectos del problema y no sus causas múltiples y profundas.
(*) Especialista nicaragüense en temas de seguridad.
