- “Hay un abuso sistemático de la
justicia y eso no es una simple
corrupción económica, es una
corrupción política”, dice Henry Ruiz
Mirna Velásquez Sevilla
Nueve asambleístas de la Fundación Augusto César Sandino (FACS), apelaron la sentencia en la que el viernes pasado, la juez Adela Cardoza los condenó a un año de prisión y una multa de 300 córdobas, por falsificación de documentos públicos.
La juez Cardoza dictó la sentencia a las 6:50 p.m. del viernes pasado, pocos días antes de abandonar su cargo como Juez Cuarto Local de lo Penal y tomar posesión del nuevo puesto al que fue removida. Al ser apelado, el caso pasará a manos de la juez Rosario Peralta, Juez Cuarto de Distrito del Crimen.
La sentencia responsabiliza a nueve personas de la falsificación del acta número 25, en la que se ratificó la decisión de la junta directiva de destituir a Edwin Zablah como presidente de la fundación por supuestos actos de corrupción.
“Se nos está condenando injustamente con intereses políticos de dañar a personas en particular y ocultar los malos manejos y malversaciones que han ocurrido en la FACS. Somos legítimamente los miembros de la junta directiva y de la asamblea general de la FACS, somos los que representamos la institucionalidad de la Fundación, somos los que fuimos electos de acuerdo a los estatutos aprobados por la Asamblea Nacional y por la misma FACS”, expresó José Ángel Buitrago, presidente de esa fundación.
ALEGAN QUE NO HUBO FALSIFICACIÓN
El abogado Irving Dávila dijo que durante una inspección ocular del acta en cuestión, realizada por la juez Cardoza, se constató la asistencia de los miembros de la asamblea y la Fundación, por tanto no puede tratarse de falsificación alguna.
Buitrago dijo categóricamente que no han falsificado ningún documento, puesto que ellos son la instancia facultada y competente para elaborar las actas de la FACS.
Henry Ruiz, directivo de la FACS, apeló al derecho a emitir actas y aseguró que esta sentencia sirve de pretexto para quedarse con esa institución, pues cerca de medio millón de dólares que estaban congelados por el procedimiento de embargo, fueron judicialmente ejecutados a favor de Zablah tras haber sido nombrado depositario legal.
PERSEGUIDOS
Para Ruiz, la hipótesis de una persecución política ha tomado vida, porque la juez Cardoza no tomó en cuenta una sentencia primera dictada por la ex juez Juana Méndez. A su vez recordó que Méndez nunca certificó dicha resolución y casi dos meses después la juez Alia Ampié la revocó, confirmando así un año de prisión en su contra.
“Hay un abuso sistemático de la justicia y eso no es una simple corrupción económica es una corrupción política, de manera que lo que se está haciendo es violentando los fundamentos del orden social en Nicaragua y lo que están haciendo es construyendo pirámides de injusticia en el país”, afirmó.
Buitrago interpretó que los jueces persiguen atacar a los directivos para conseguir que los promuevan, pues tanto Ampié como Méndez y Cardoza , todas implicadas en los juicios, han sido promovidas.
