Mirna Velásquez
La juez Alia Dominga Ampié, recientemente ascendida de su cargo de juez suplente a titular, declaró nulo todo lo actuado en uno de los tantos juicios que el Estado promovió contra el ex director de Ingresos, Byron Jerez Solís.
Ampié dictó la sentencia cuando el juez titular, Edgard Altamirano, se ausentó del Juzgado Séptimo de Distrito del Crimen por encontrarse de subsidio y ordenó la libertad de Jerez Solís pese a que existe una sentencia en la que el mismo Altamirano ordenó enviarlo a prisión, en febrero del año pasado.
La Procuraduría General de la República (PGR), acusó a Jerez por fraude al Estado y al programa Polos de Desarrollo (Poldes), luego que fueron detectadas anomalías en la transacción de compra-venta de cinco motocicletas y dos cuadraciclos lo que dejó un perjuicio económico, que asciende a los 38 mil dólares.
La juez Ampié sostuvo su decisión en la ausencia de una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) y porque –según ella–, tanto la Fiscalía como la Procuraduría General de la República (PGR), no presentaron pruebas que dieran certeza sobre la responsabilidad de Jerez que desvanecieran así, la presunción de culpabilidad que el juez Altamirano planteó en su primer sentencia.
Una auditoría interna del programa Polos de Desarrollo elaborada por el auditor Denis Cruz Aguirre y dirigida por el director ejecutivo de Poldes, Alberto Navarrete Cuarezma, reconoce que hubo incumplimiento con las normas técnicas de control interno. No obstante, la juez Ampié consideró que el auditor recomendaba realizar una nueva auditoría interna por parte de la CGR.
PGR APELA
El procurador Penal Nacional Iván Lara Palacios, rechazó los argumentos de Ampié y consideró que la juez probablemente no ha leído la instructiva judicial para cerciorarse de que sí existen elementos probatorios.
Lara calificó de contradictoria la sentencia de Ampié, sobre todo porque el escrito refiere que la resolución fue dictada 16 de julio de 2002 y no el 16 de julio del 2004 como indicó la juez.
Lara informó que la sentencia fue apelada y cuestionó que la juez se arrogó funciones que le competen al Tribunal de Apelaciones.
“Que no estén manipulando a las instituciones”, dijo Lara al referirse al argumento judicial que versa sobre la falta de pruebas aportadas por los acusadores y dijo que se trata de una manipulación más de las que han venido haciendo con todos los juicios que el Estado ha instado por corrupción.
