- Un enorme escándalo de aparente corrupción que es investigado judicialmente, afecta a una de las más importantes instituciones del país vecino
Josué Bravo/Corresponsal en Costa Rica
SAN JOSÉ.- La seguridad social costarricense desde hace meses literalmente se encuentra en coma.
Investigaciones judiciales, parlamentarias y periodísticas revelan, entre otras cosas, un supuesto tráfico de influencias entre el ex presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Eliseo Vargas, y la Corporación Fischel, lo que ha desencadenado una enorme polémica que tiene en ascuas a una de las instituciones más creíbles en este país.
Lo primero que salió a luz pública fue una investigación publicada el 21 de abril por el diario costarricense La Nación, la cual reveló que Vargas quiso comprar en septiembre del 2003 una lujosa vivienda en 700 mil dólares, ubicada en Parque Valle del Sol, en Santa Ana, San José, pero su dueño rechazó la oferta.
Luego, el 23 de octubre del 2003, el inmueble lo compró Olman Valverde Rojas, entonces gerente financiero de la Corporación Fischel, y se lo rentó a Vargas en 2,500 dólares mensuales, pese a que el alquiler de un casa en ese lugar oscila entre 5 mil y 5,500 dólares mensuales.
Fischel es uno de los principales proveedores de bienes y servicios de la CCSS. La Nación publicó datos de la Caja, los cuales registran que esa corporación facturó, en el 2002, al menos 760 mil dólares; cifra que pasó a 2.7 millones de dólares un año después.
Esta primera publicación sobre relación de inquilinato y supuesto tráfico de influencias en la compra de bienes y servicios, sirvió para que Vargas y Valverde Rojas dimitieran de su cargo el mismo 21 de abril.
“Mi error puede haber sido no tener la maledicencia de algunas personas, para ver que en un acto estrictamente privado podría tener repercusiones en la función pública”, dijo Vargas al renunciar de su cargo la mañana del 21 de abril, quien agregó que ningún funcionario puede decir “que yo hubiera compelido a actuar a favor o en contra de alguna empresa o persona”.
OTRA DENUNCIA
El 5 de mayo La Nación publicó que entre 2002 y 2003 la CCSS utilizó un préstamo de 39.5 millones de dólares otorgados por un banco finlandés para comprar equipos médicos al consorcio finlandés Instrumentarium-Medko Medical, cuyos productos son representados en Costa Rica por la Corporación Fischel desde hace más de 30 años.
Este préstamo millonario, habría sido aprobado en la Asamblea Legislativa en diciembre del 2001, mediante una ley impulsada en tan sólo tres días por Eliseo Vargas, quien en ese momento era Jefe de Fracción del Partido Unidad Social Cristiana en la Asamblea Legislativa.
A este préstamo en Costa Rica se le llamó Proyecto Finlandia, con el cual la CCSS adquirió 3,037 equipos, que incluyen máquinas de anestesia de alta tecnología, incubadoras, centrales para monitoreo de camas, equipos de rayos X, camas para cuidado intensivo y monitores, pero no todos estos aparatos satisfizo la demanda prioritaria de los hospitales, por lo que algunos no se utilizaron.
Los reportajes han hecho hincapié para que la Fiscalía investigue, además de la relación de inquilinato entre Vargas y Valverde, el supuesto tráfico de influencias y el Proyecto Finlandia, otros dos proyectos:
El Proyecto España, que consiste en un crédito español de 40 millones de dólares otorgado en los años noventa, con el cual se compraron 3,829 equipos que según la Contraloría presentan problemas de calidad y muchos están embodegados; y el proyecto de 90 millones de dólares llamado Expediente Médico Electrónico, con el que se pretende digitalizar procesos como expedientes, servicios de farmacia y laboratorio en todos los hospitales y clínicas públicos, también cuestionado por el ente contralor.
Pero también, a raíz de estas publicaciones una serie de acontecimientos han surgido en torno a la CCSS, lo que ha generado críticas en diversos sectores de la sociedad costarricense.
El 8 de mayo varios diputados pidieron intervenir la Caja y dos días después el Gobierno nombró a una junta de personalidades para que investigue las compras a la Fischel, el Proyecto Finlandia y el Proyecto España, cuyo informe se espera en las próximas semanas.
El 2 de junio el Juzgado Penal de Goicoechea, San José, suspendió de sus cargos a los nueve directivos de la CCSS, incluido el recién nombrado presidente ejecutivo, Horacio Solano.
A los directivos se les abrió una causa de peculado por haber autorizado el 22 de abril la publicación de cuatro campos pagados, en cuatro diarios nacionales, por cerca de 4,400 dólares, en los que se solidarizaron con el ex presidente ejecutivo, Eliseo Vargas, quien había renunciado de su cargo. Los directivos argumentan que los campos pagados salieron de recursos propios.
El 8 de junio, el Consejo de Gobierno nombró a una junta directiva interina tripartita, integrada por representantes de los patronos, trabajadores y el Gobierno. El Estado nombra como presidente ejecutivo al doctor Alberto Sáenz Pacheco.
El lunes anterior, el Juzgado Penal de Goicochea revocó la suspensión de los directivos y los restituyó en su cargo, pero renunciaron horas después, por lo que de momento la junta directiva nombrada el 8 de junio seguirá laborando, informó el Gobierno.
Pese a la polémica, la Ministra de Salud, María del Rocío Sáenz, dijo a LA PRENSA que la seguridad social en Costa Rica no se encuentra en crisis, aunque apoya las investigaciones que se realizan.
“Al ser la Caja una institución de mucha importancia, es importante hacer una investigación a profundidad para esclarecer el caso. Esto no ha perjudicado la prestación de los servicios a los ciudadanos ni los abastecimientos de medicinas”, explicó Sáenz.
“En este momento la población siente que se han dado cuestionamientos, pero espera los resultados de las investigaciones”, agregó.
Luego de presentar su renuncia, Horacio Solano, dijo que detrás de los cuestionamientos a la Caja existen grupos y personas empeñadas en decir sólo verdades a medias sin percatarse del daño que hacen a la institución, entre ellos mencionó a los medios de comunicación.
Solano aludió que hay intereses políticos, comerciales y personales. “Yo sé que dentro de la Caja hay gente poco conveniente, pero puedo asegurar que más del 90 por ciento del personal son personas honorables”, dijo.
Por su parte, el Defensor de los Habitantes, José Manuel Echandi, explicó que “toda esta problemática ha generado incertidumbre entre la población” y a la vez abogó por el fortalecimiento de la CCSS, en aras que las personas tengan una seguridad social más humana.
INVESTIGACIONES JUDICIALES
A raíz de las publicaciones periodísticas, la Fiscalía anunció que desde diciembre anterior había iniciado una “megainvestigación” para averiguar supuestas anomalías en la CCSS.
En todo este proceso la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial han realizado allanamientos en casas particulares, oficinas de la Corporación Fischel y la CCSS.
Hasta el momento se han abierto cinco causas judiciales, en las que se investiga relación de inquilinato entre Vargas y Valverde, el Proyecto Finlandia.
Pero además la Contraloría cuestiona el proyecto España y el proyecto Expediente Médico Electrónico.
La ex junta directiva y el ex presidente de la Caja, Eliseo Vargas; el ex gerente financiero de Fischel, Olman Valverde; el presidente ejecutivo de Fischel, Walter Reich, y su abogado Jorge Granados, figuran como imputados en las causas judiciales.
Vargas tiene impedimento de salida del país, mientras que Valverde y Reich se mantienen en prisión preventiva
Además de las pesquisas judiciales, la CCSS es investigada por una comisión de personalidades nombradas por el Gobierno y dos comisiones de la Asamblea Legislativa.
«UN BOTIN»
“La Caja se convirtió en una especie de botín, en la que el tráfico de influencias de parte de los políticos del sistema bipartidista costarricense, ha provocado enriquecimiento de algunos empresarios”, dijo a LA PRENSA Albino Vargas, Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).
