María José Uriarte R.
El 31 de julio es el plazo que el sector cafetalero da al Gobierno para que brinde soluciones inmediatas a la problemática del café, afectado no sólo por los bajos precios en el mercado internacional, sino por la persecución de parte de sus acreedores.
Amílcar Navarro, presidente de la Unión de Cafetaleros de Nicaragua (Unicafé), destacó que la situación de ese gremio se ha vuelto insostenible, por lo que recurrieron a la Asamblea Nacional para ver qué alternativas les ofrecen, antes que los productores tomen medidas extremas que van más allá de realizar plantones.
Una de las exigencias del gremio cafetalero, considerado como un “principio irrenunciable”, es que el Gobierno les pague 25 millones de dólares, además de lo establecido en la Ley de Justicia Tributaria, a través de la tasa de reintegro tributario que significan 10 millones de dólares más.
Recordó que la ley contempla que el 1.5 por ciento del valor de las exportaciones tiene que reintegrarse al productor, y que hasta hoy, van cinco cosechas, estimando un ingreso de 700 millones de dólares al país, y no les han devuelto nada, recursos que serían utilizados para paliar las deudas que enfrentan.
Navarro enfatizó que los acreedores no los esperan, teniendo que enfrentar juicios, además de despojarlos de sus propiedades.
“Si el Gobierno nos debe a nosotros, y a nosotros nos andan acosando, persiguiendo como si fuéramos delincuentes, lo mínimo que podemos hacer es exigir que nos paguen, ya pasamos nosotros a ser los tábanos del Gobierno, porque ya no aguantamos los tábanos que llegan a diario, a medianoche, los jueces, la Policía Nacional, estamos desesperados, y entonces así vamos a actuar con el Gobierno hasta que nos paguen no lo vamos a dejar en paz”, advirtió Navarro.
El diputado Bayardo Arce, miembro de la Comisión de Producción, manifestó que les sorprendió conocer la situación que atraviesa el sector cafetalero, ya que pensaban que esa problemática había sido superada con las supuestas medidas que se iban a adoptar para resolver la crisis.
Critico que el Gobierno, específicamente el Banco Central de Nicaragua (BCN), no haya elaborado un plan para reestructurar las deudas de los pequeños productores cafetaleros con menos de diez mil dólares, entre otras cosas.
Otra de las demandas de los caficultores, es que se realice una revisión de parte de la Contraloría sobre el proceso de subasta del BCN a favor de la banca comercial y del proceso de las Juntas Liquidadoras.
También solicitarán a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) intervenir para que se implemente un período de tregua o suspensión de los procesos judiciales entablados por sus acreedores, mientras se aclara la legalidad, origen y monto de los adeudos. Además de priorizar los recursos que introducirán contra éstos, con el objetivo de defender su patrimonio.
La Comisión de Producción se comprometió, a pesar del receso parlamentario por vacaciones, a organizar una reunión con el Ministerio de Hacienda, Contraloría, Banco Central de Nicaragua y Poder Judicial, para analizar qué soluciones se pueden encontrar por la vía administrativa, a fin que no continúe la quiebra de ese sector que podría implicar una afectación importante a la economía del país.
Los caficultores pidieron a los diputados se apruebe lo más pronto posible las Leyes de Compensación a la Caficultura y la de Patrimonio Familiar.
