Alberto Rivera Monzón
El 5 de mayo pasado un atroz asesinato conmovió a quienes nos enteramos del hecho: la joven campesina de 23 años, Esperanza Irías García, fue muerta a machetazos en la comarca La Flor por su ex compañero de vida, Francisco Javier Herrera Mairena, según los informes policiales.
Todo comenzó cuando Esperanza le entregó una cita del facilitador judicial rural a su compañero, pues se promovía una mediación para que éste le pasara una pensión alimenticia a los dos hijos de ambos.
Sin embargo, lejos se está en las zonas rurales de una cultura apegada al derecho. Según el informe policial, Francisco Javier reaccionó asestándole varios machetazos a la madre de sus hijos: uno en la frente, otro en el pecho y un tercero en el vientre.
La jefa de Policía, capitana Lilliam Hernández, dijo en una entrevista que la razón por la cual el asesino anda libre es que la Policía no podía aprehenderlo sin la correspondiente orden de captura emanada del juez competente, porque sería violarle sus derechos humanos.
El informe que pasó la Fiscalía días después, ante requerimiento de la fiscal Ligia Estela Silva, se le entregó a un menor de 6 años, quien presenció el hecho. Consultado el Juez de Distrito de lo Penal, doctor Roger Morales, admitió que no se ha librado orden de captura porque la Fiscalía no ha interpuesto la acusación pertinente.
Yo me pregunto ¿qué espera la Fiscalía para acusar? ¿va a esperar que el delincuente asesine a otra persona? ¿o es que espera que la justicia se aplique de otra manera? Tal vez el honorable doctor Julio Centeno, Fiscal General de la República, le da a la Fiscalía Departamental la “luz verde” para actuar conforme a deber. La ciudadanía se lo va a agradecer. El expediente es el número 0365/2004.
Periodista de San Rafael del Norte
