Luciano Cuadra Waters
La actitud de los miembros del Consejo Supremo Electoral sobre la cedulación de los nicaragüenses en el exterior y su derecho al voto, es muestra clara de la manipulación política que se hace en esa institución y significa desobedecer a la Carta Magna de la República. Los magistrados del CSE saben que existe ese derecho, pero dicen que no hay presupuesto y aducen cualquier otro detalle técnico. En el artículo 48 de la Constitución se establece: «es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan la igualdad entre los nicaragüenses y su participación en la vida política …»
Es igualmente triste pensar que ningún partido ha promovido y respaldado el deseo de miles de nicaragüenses residentes en el extranjero; pero al hacerse efectiva la cedulación, el arco iris político se apresurará a declararse abanderado de quienes se han visto obligados por diferentes razones a abandonar el territorio nacional.
Dada la diversidad de organizaciones políticas existentes en la nación, quizás debiera contemplarse la posibilidad que miembros del éxodo nicaragüense decidan formar un organismo político para defender sus intereses, pues en Nicaragua nadie parece estar dispuesto a hacerlo. Y con aproximadamente ochocientos millones de dólares al año que desde el exterior se inyectan a la economía nacional, esos intereses tienen la misma trascendencia para quienes viven tanto dentro como afuera del país.
