Juan Ambrosio Coe
Los enfrentamientos que han habido en las comunidades de Layasiksa y Kukalaya, han sido una provocación contra los derechos a la tenencia de la tierra indígena. Aprovechan la ignorancia legal de los trabajadores madereros (campesinos importados de otros departamentos) que actúan como punta de lanza de los autores intelectuales para operar como fuerza de choque en dañar los intereses de los nativos.
Tal es el caso de la invasión de más de 40 familias procedentes de Río San Juan y Nueva Guinea dentro de la propiedad de dos mil manzanas de uso agrícola y ganadera que pertenece legalmente a 29 miembros miskitos, cuya ubicación es el lugar conocido como Altamira.
Hay que investigar las maniobras dañinas de la mafia maderera en la RAAN (en el Triángulo Minero), que éstos tienen su brazo armado en el grupo de los rearmados y que actúan bajo la dirección de una nomenclatura político-militar, amenazando a los lugareños indígenas. Creo que el tema no es la simple apropiación, invasión o robo de tierra que están cometiendo los ciudadanos manipulados, sino que se considere todo esto como un derecho adquirido por la la ilegalidad moral.
Lo institucional no hace lo moral, sino la conciencia de respeto al derecho ajeno que está dentro de cada político, empresario o ciudadano, que es conforme las enseñanzas de los principios de respeto adquiridos en el seno del hogar, escuela y universidad.
El cambio de esta situación dependerá individualmente de cada judicial, llámese magistrado y/o abogado. En el nombre de Dios pido a los abogados, jueces y magistrados de la CSJ que siempre recuerden sus dos juramentos, que son sus compromisos con el pueblo nicaragüense: el que hacen cuando se gradúan y el que hacen cuando reciben sus cargos.
Educador miskito
