- Juez decidirá si el caso reúne los requisitos para remitirlo
a un juicio oral
Mirna Velásquez
Roman, Times, serif»>
Se estanca juicio por tierras en Xiloá
 |
Juez decidirá si el caso reúne los requisitos para remitirlo a un juicio oral |
Mirna Velásquez
La Juez Segundo Penal de Audiencia, María Concepción Ugarte, no pudo realizar la audiencia que estaba prevista a realizarse ayer, en un juicio que el señor Mario Delgado Cabrera inició por la disputa de una propiedad que implica unos 20 millones de córdobas.
La razón fue que los acusados no pudieron ser notificados en su totalidad, según lo señaló la misma juez.
La acusación se encuentra varada desde hace dos semanas en ese Juzgado y se espera que la juez señale una nueva fecha de audiencia para decidir si el caso reúne los requisitos que la ley manda para admitirlo y remitirlo a juicio oral.
ALTOS FUNCIONARIOS ACUSADOS
La acusación particular incluye al actual gerente de la Empresa Nicaragüense del Petróleo, Nevardo Argüello; al director del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), Claudio Gutiérrez; la registradora auxiliar de Managua, María de Jesús Gutiérrez; Manuel Gallegos, Armando Agurcia Palma y Douglas Ricardo Torres, funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR).
Todos son señalados como responsables de los delitos de falsificación de documentos públicos, asociación para delinquir, usurpación del dominio privado, defraudación, prevaricato, abuso de autoridad y otros.
DISPUTA ES POR MINA DE ARENA
La acusación está relacionada con otros juicios que Delgado Cabrera ha emprendido contra Nevardo Argüello por la disputa de 150 manzanas de tierras ubicadas en las cercanías de la Laguna de Xiloá.
Argüello fue uno de los pocos que acudió a la cita judicial. Dijo que la propiedad en cuestión ha estado en sus manos durante 30 años, pues nunca fue confiscada ni vendida, y Delgado apareció con un título agrario que ya fue anulado administrativamente.
El acusado apuntó que las verdaderas intenciones de Delgado persiguen una mina arenera llamada Miraflores ubicada en las propiedades en litigio, con un valor aproximado de 20 millones de córdobas, de la cual su padre obtuvo una concesión desde 1972.
