Marcela Sánchez/washingtonpost.com
Los adolescentes y sus padres saben que los zapatos definen a la persona. El calzado de la juventud denota posición y aspiraciones sociales, y los ciento y pico de dólares que los padres desembolsan para un solo par son prueba de ello.
Para algunos de los colombianos más pobres la cosa no es distinta, claro que dentro de una deformación típicamente colombiana. El calzado se ha convertido en un signo de avance social incluso entre guerrilleros. A medida que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) explotan el lucrativo comercio ilegal de drogas, los jóvenes combatientes guerrilleros quieren más: las mejores botas de caucho que se puedan comprar.
Un desertor de las FARC conocido como Carlos Ploter que rindió testimonio en el Congreso estadounidense la semana pasada, dice que el dinero de la droga está creando “falsas necesidades” entre guerrilleros, lo que los distrae de su objetivo inicial de luchar por la justicia social. Parece que ni siquiera los camaradas comunistas pueden librarse del consumismo. Algunos anhelan otros lujos de guerra, como un Toyota de doble tracción para llevar a amigos a la batalla y relojes con posicionador satelital para operaciones de combate pero especialmente para presumir.
Dichas comodidades son otra muestra de una guerra vacía de sentido como la de la insurgencia colombiana. Recuerdan también las escasas ganancias de la inversión de miles de millones de dólares de contribuyentes estadounidenses en un país que todavía no puede crear oportunidades para muchos pobres fuera de los límites de la guerra. Resulta triste y paradójico que aquellos atrapados en la mitad de un conflicto que empezó hace 40 años, y que ahora hace parte de las guerras contra la droga y el terrorismo, hayan logrado apenas una forma torcida de avance social.
Funcionarios colombianos y estadounidenses, tras una segunda ronda de negociaciones la semana pasada, están apostando ahora a que el libre comercio brindará las oportunidades reales que la guerra no puede ofrecer. Pero aceptar las actuales condiciones estadounidenses para el “libre comercio” probablemente exacerbará los problemas de los pobres, haciendo sus vidas más miserables y alimentando el descontento en el corazón de los conflictos colombianos.
La razón es simple: el libre comercio hoy en día está distorsionado por los subsidios dentro de países desarrollados. Al menos que Colombia y los otros países andinos que están ahora negociando puedan mantener aranceles como mecanismo que contrarreste los subsidios otorgados por Estados Unidos, los productores y agricultores de los mismos bienes y cultivos en los Andes, perderán su sustento. El hecho es que si el acuerdo no va atado a un compromiso substancial hacia los menos favorecidos, los muy anunciados beneficios del comercio serán para los ricos solamente.
La preocupación por los menos afortunados no es una idea revolucionaria. Es muy estadounidense. Washington gasta miles de millones de dólares (US$ 22,400 millones en 2003) para proteger sus áreas rurales y a las pequeñas granjas familiares de los efectos de prácticas injustas en el comercio mundial.
Un pequeño cultivador de arroz en el departamento del Meta al este de Colombia, con costos de producción competitivos, no podrá competir. Bajo el propuesto acuerdo de libre comercio, el arroz estadounidense subsidiado entraría al mercado colombiano a precios 20 por ciento más bajos, según un informe confidencial colombiano. Sin ninguna protección, el agricultor rápidamente perderá su negocio en uno de los departamentos más volátiles del país.
Aún así los negociadores comerciales estadounidenses quieren que las protecciones andinas desaparezcan. Argumentan que un acuerdo de libre comercio con dichas medidas no pasará en el Congreso estadounidense.
Pero tal vez ese no sea el caso. Desde el 2000, el Congreso estadounidense ha aprobado más de US $3,000 millones de dólares en asistencia a Colombia. El principal objetivo de esta asistencia, el tercer monto de ayuda externa estadounidense más alto, ha sido la lucha antidrogas y contra la insurgencia, principalmente a través de ayuda y entrenamiento militar.
A los promotores de esa asistencia en el Congreso les gusta destacar los recientes avances logrados en Colombia –la reducción de cultivos de coca y amapola y el aumento en victorias militares contra la insurgencia– como prueba de que la ayuda es efectiva. Si el libre comercio logra complementar ese progreso dichos legisladores seguramente apoyarían el acuerdo incluso si mantiene ciertas protecciones.
De otra parte están aquellos legisladores que se han opuesto a la ayuda estadounidense a Colombia argumentando que se concentra demasiado en la guerra y no suficientemente en los retos sociales. Para ellos valdrá la pena considerar sólo aquel acuerdo que se proponga proteger a los más vulnerables.
Incluso con un Congreso más flexible un acuerdo comercial más justo tal vez no figurará en el futuro de Colombia. De ser así no será una sorpresa sino más bien una extensión de la lógica antidrogas que considera razonable castigar al productor por lo que Estados Unidos consume. Ahora Washington pide que otros eliminen sus barreras comerciales, incluso si eso significa que serán los productores de esos otros países los que paguen el precio.
