- Sospechas de que denuncia es
trama arnoldista
María José Uriarte R.
El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, considera que la actuación de la fiscal electoral Blanca Salgado fue apegada a la ley, al notificar a los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) la anomalía surgida con la “supuesta” pérdida de 9,313 formatos de solicitud de cédulas de identidad talón-foto, como resultado de una auditoría interna de ese Poder del Estado.
Centeno alegó que la fiscal Salgado se basó en un artículo de la Ley Electoral que no precisó, que manda a la fiscal a subsanar ese tipo de situaciones, lo que corresponde a los magistrados, y en este caso eso fue lo que realizó.
“Ella no tomó medidas, lo puso en conocimiento, tomar medidas hubiera sido ir a poner una denuncia formal, no hizo eso, con un gran tino les dijo: Tribunal (CSE), se dicen estas cosas, como la ley dice que ustedes enmiendan esto, se lo pongo en su conocimiento”, observó Centeno.
El magistrado Roberto Rivas, señaló que le extrañó la posición de Salgado, porque se basó en un documento preliminar, además no oficial, ya que se presume fue filtrado aparentemente por funcionarios de la institución, aunque Rivas no quiso pronunciarse al respecto.
Lo único que estima es que la fiscal Salgado sacó conclusiones prematuramente basada en un informe preliminar de auditoría interna.
Sin embargo, fuentes del Poder Electoral sostienen que todo se puede deber a una trama del magistrado de tendencia liberal Mauricio Montealegre, el que se encuentra molesto porque la administración procedió a despedir el pasado lunes a tres técnicos de cedulación.
Los técnicos, al parecer tenían orientaciones de trasladarse a Matagalpa para proceder a impulsar un proceso de cedulación entre habitantes de ese departamento, lo que levantó sospechas por la forma inusual en que se estaba actuando, mucho menos cuando no existía una solicitud de los Consejos Electorales Departamental ni Municipal.
Manuel Zapata, representante del Sindicato Independiente Henry Pineda, del CSE, señaló que ellos están investigando qué paso en ese caso, porque aún no tienen clara la situación, ya que en todo caso los técnicos debían estar cumpliendo órdenes de algún superior, por lo que quieren aclarar de dónde partió la misma.
Recordó que un proceso de cedulación en cualquier parte del país, está sujeto a las directrices que emiten los superiores, por lo que tienen que verificar si fue el director de Cedulación, Dionisio Palacios u otro funcionario de menor rango, o un magistrado el que mandó a los técnicos a realizar esa gestión, sin embargo, van a esperar los resultados de las investigaciones, porque no quieren dar declaraciones precipitadas.
LA PRENSA intentó comunicarse en tres ocasiones con Palacios, pero no atendió su teléfono móvil.
