Alberto L. AlemÁn Aguirre
Honduras está ya en un incipiente crisis política, al borde de una muy seria y con consecuencias difíciles de prever. ¿Cuán efectivo es el gobierno de Ricardo Maduro? La pregunta no es gratuita.
Desde el año pasado y sobre todo en los últimos meses, el país vecino ha visto la multiplicación de protestas sociales y de una magnitud creciente. Cada vez más sectores externan sus reclamos y salen a la calle a desafiar a las autoridades.
Pruebas de diálogo se vuelven una conversación de sordos. Unos no aflojan, aferrados a un obcecado “todo o nada”, mientras otros se mantienen en sus posturas por compromisos particulares o por la simple imposibilidad de satisfacer lo que los primeros piden.
La sociedad hondureña, comprensiva ante algunos reclamos, comienza a cansarse de marchas, interrupciones de tráfico y de la incertidumbre.
“Sin duda alguna hay una crisis en Honduras que podría desembocar en un clima de relativa ingobernabilidad”, me admitió el analista independiente hondureño Víctor Meza.
En una jornada nacional este jueves, miles de maestros bloquearon vías y marcharon en muchas ciudades, reiterando demandas salariales. Y para subir la presión, también comenzó una ambientalista Marcha por la Vida para pedir acciones a favor del medio ambiente.
“Tenemos un divorcio entre el crecimiento de las demandas sociales y la capacidad del Estado para darles el debido procesamiento”, enfatiza el analista.
A criterio de Meza, tres factores se conjugan para producir la situación actual. Uno, una crisis generalizada en el tema de la seguridad ciudadana, el principal factor de preocupación social. Dos, el lamentable estado de las finanzas públicas heredado de la administración de Carlos Flores Facussé, quien dejó a Maduro un “presupuesto ficticio”. En último lugar, un movimiento magisterial fuerte que exige el cumplimiento de un estatuto especial que impone condiciones demasiado onerosas que, al final, hacen imposible que el Estado pueda cumplirlas.
En este aspecto, fue precisamente la administración de Flores Facussé quien puso esta “bomba de tiempo” –en palabras de Meza– al siguiente gobierno. Otro magnífico ejemplo de que en Centroamérica no existe la planificación adecuada de las políticas públicas –si es que la hay– y menos aún, una visión de nación. Y peor es cuando el futuro Ejecutivo es del partido rival (Maduro es del Partido Nacional y Flores Facussé del Partido Liberal).
La altanería no ha sido ajena a ciertas actitudes del gobierno, pero las demandas de los maestros son a todas luces irrealistas, y su actitud,
intransigente.
Los educadores quieren que el gobierno pague una deuda en concepto de beneficios atrasados y garantice aumentos. Aunando ambas cosas, esto se traduce en unos 2,900 millones de lempiras o 158 millones de dólares.
Pero las matemáticas del Estado son implacables. Cumplir con estos requerimientos es simplemente imposible: significaría dedicar una gruesa parte de las recaudaciones fiscales a los pagos de los maestros. ¿Y las otras necesidades? Asimismo, el gobierno incumpliría con sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional.
Maduro solamente ofrece unos 80 millones de lempiras, cerrar ciertas secretarías para reubicar los recursos financieros. Los educadores lo rechazaron y además, piden el cierre de la Secretaría de la Presidencia y algunos hasta la renuncia de Maduro mismo.
Y así, atrapada en el fuego cruzado de la intransigencia y la impotencia, está una Honduras que poco a poco rueda hacia más inestabilidad.
