- Diputado sandinista Gustavo Porras sostiene que causarían colapso financiero al INSS
María José Uriarte R.
El diputado Gustavo Porras ve inconveniente la implementación del nuevo Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), porque según él, acelerará el colapso financiero del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), teniendo el Gobierno que buscar fondos para paliar esa situación.
Para el diputado sandinista es necesario impulsar reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones que permitan modificar todo el sistema, además de democratizarlo para que el empleado tenga la oportunidad de escoger qué Administradora prefiere.
“A mí me parece que el INSS no puede quedar siendo un elefante blanco, el INSS tendrá que manejar o transformarse en una AFP pública”, precisó el parlamentario.
Afirmó que la “prisa” del superintendente de Pensiones, Ramiro Sacasa, por poner en vigencia el nuevo modelo, es porque el retraso en la implementación del sistema pone en riesgo la propia vida de esa institución, bajo la lógica que si no están funcionando las Administradoras de Pensiones, para qué mantener la Superintendencia.
“Él está viendo su lado, no le importa porque a él no se le va a venir encima el hecho que el sector público que quede, no pueda cumplir sus compromisos con todos los jubilados, tiene las condiciones en cierta medida para las Administradoras de Pensiones, no así para el sector público que se termina de descapitalizar”, comentó Porras.
“DEBE APLAZARSE”
A juicio de Porras, el Ministerio de Hacienda prefiere aplazar por el momento, la entrada en vigencia de las AFP, porque le significaría buscar, vía presupuesto, los 80 millones de dólares que ya no recaudaría el INSS para cumplir sus obligaciones con los 60 mil cotizantes restantes que no clasifican para el nuevo modelo.
Porras explicó que 320 mil trabajadores están afiliados al INSS, cotizando anualmente una cantidad de 100 millones de dólares, de los cuales se destina una parte a gastos operativos de la institución, Empresas Médicas Previsionales y lo asignado a pensionados que ya cumplieron la edad, además de víctimas de guerra, entre otros.
Estima que al implementarse el nuevo sistema, 260 mil personas serían trasladadas al mismo, por ser menores de los 43 años que establece la ley, significando un traslado a las AFP de 80 millones de dólares, dejando un grave déficit al INSS que lo obligaría a ser subsidiado por el Gobierno.
Uno de los problemas que agravó está situación es que el Banco Mundial manifestó que otorgaría un crédito de 700 millones de dólares para financiar al sistema de las AFP durante los próximos 14 años, cuando estarían saliendo los primeros jubilados bajo ese modelo, pero al final, adujeron que lo mejor era esperar para modificar el proyecto original, dado el fracaso del sistema en otros países.
Dijo que en este caso, al pasar a administrar los 80 millones de dólares, las AFP no experimentarían mayor déficit, a lo sumo unos cuatro millones de dólares por incapacidad o muerte del empleado, antes de la fecha prevista a su jubilación, lo que no crearía crisis por ser un monto menor.
Porras no descarta que el encubrimiento de los 1,200 millones de córdobas que hizo el Gobierno en el presupuesto del 2004, es para hacerle frente a la crisis que derivaría la implementación del Fondo de Administradora de Pensiones.
REPLANTEAR LEY
Manuel Ruiz, especialista en Seguridad Social manifestó que es una falta de responsabilidad de cualquier persona decir que el INSS es una institución con reservas, en una clara alusión al superintendente Sacasa Gurdián.
Agregó que tampoco era correcto decir que se creará un superávit a partir de las cotizaciones de las víctimas de guerra pagadas por los empleadores.
El especialista en Seguridad Social coincide con el diputado Porras, que lo mejor para el país es que, con participación de todos los sectores, se analice y replantee nuevamente la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones.
ILEGALIDAD
“Sería una violación al Estado de Derecho y no le corresponde a la Superintendecia de Pensiones ni al Seguro Social ni a ningún Poder del Estado desviar esos fondos exclusivos para las víctimas de guerra, que son 35 mil en el país”, manifestó Manuel Ruiz.
