- Corte Suprema urge reformar Ley de Control de Inmigrantes por abarrotamiento de centro de atención a ilegales
Mirna Velásquez Sevilla
El incremento de migrantes ilegales en el país ascendió a 75 personas de distintas nacionalidades, lo que ha despertado serias preocupaciones a las autoridades de esa institución. Ayer, magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), urgieron la aprobación de las reformas a la Ley de Control de Tráfico de inmigrantes ilegales.
“Las recomendaciones directas es que esa Ley debe ser aprobada por la Asamblea Nacional”, dijo el magistrado Ramón Chavarría, presidente de la Sala Penal, tras agregar que la intención de la CSJ y Migración es buscar una solución conjunta a este problema.
La subdirectora de Migración y Extranjería, Nidia Barbosa, dijo que en este momento hay 75 personas detenidas, lo cual supera las estadísticas, que reflejan la detención entre 15 ó 20 personas ilegales en años anteriores.
Este incremento ha puesto al descubierto que Migración y Extranjería no tiene capacidad para atenderlos, pues 50 literas que han sido preparadas para alojarlos, son insuficientes.
Diputados miembros de la Comisión de Población y Desarrollo de la Asamblea Nacional, presentaron el miércoles pasado, una iniciativa de Ley, que propone reformar el Artículo 21 de la Ley 240, Ley de Control del Tráfico de inmigrantes ilegales, para reducir las sanciones a los ilegales que son capturados en el país, misma que fue aprobada en 1996.
Este artículo establece una sanción de tres meses de detención inconmutables, más la deportación al país de origen. Una vez que los jueces han dictado una sentencia; Migración es la institución encargada de cumplir, ejecutar el fallo y custodiar a estas personas. 40 países son restrictos de ingresar a Nicaragua, excepto a través de una visa.
“Nosotros estamos proponiendo que se pongan los tres meses y/o su deportación al momento que ya tenemos la documentación”, explicó Barbosa.
Ciudadanos de origen sudamericano (peruanos, ecuatorianos y colombianos), somalíes y de China Continental, son en su mayoría, de acuerdo a Barbosa, los indocumentados. En el último de los casos (chinos continentales), a veces los tres meses de prisión establecido en la Ley, es limitado para tramitar su documentación, porque ese país no tiene consulado en Nicaragua, lo cual se vuelve un problema.
