Alberto L. Alemán Aguirre
Su trabajo, sus sacrificios y su dinero se han vuelto indispensables para las economías agobiadas de Centroamérica y México, incapaces de acabar con la pobreza. Y sus voces demandan en un tono más alto algo que parece lógico: una creciente influencia económica lleva a un poder político cada vez mayor.
Los gobiernos y los políticos reaccionan. Ya hablan o bien lanzan iniciativas que tratan de satisfacer el reclamo de los migrantes por el derecho a votar en sus países de origen, a ser elegidos a cargos públicos, de disponer de documentos de identidad nacional, de hallar mejores facilidades para invertir dinero en sus patrias o de recibir una atención más eficiente de parte de consulados y embajadas.
Los nicaragüenses que viven en Estados Unidos organizarán este 26 de junio en Miami su Primer Congreso de la Diáspora Nicaragüense, donde uno de los objetivos principales es que el Gobierno reconozca a los emigrantes como una fuerza económica clave para el desarrollo del país.
Nadie sabe a ciencia cierta cuántos millones de dólares al año envían nuestros compatriotas en EE.UU. y Costa Rica. Según diversos estimados, la cifra real gira entorno a los mil millones, ya sea más, ya sea menos. De seguro, el monto de las remesas supera a las exportaciones del país, unos 600 millones de dólares.
Los inmigrantes nicas pretenden que se les garantice la cedulación en el exterior —algo a lo que ya se dispone el Consejo Supremo Electoral—, mejores facilidades para la inversión y que se cree una institución especial para atender la problemática.
Sin duda, el gobierno mexicano de Vicente Fox es el que ya ha ido más lejos en estos temas. Fox propuso el martes pasado un proyecto de Ley que permitiría a los mexicanos que viven en el exterior –léase en EE.UU.– participar en las elecciones presidenciales de 2006.
La propuesta, no exenta de matices políticos y magistralmente anunciada en el tiempo –un día antes del inicio de una gira de Fox por varias ciudades del vecino del norte– reconoce el gran poder de la comunidad en el exterior. Unos 20 millones de mexicanos viven al norte del Río Bravo y las remesas, unos 13 mil millones de dólares el año pasado, son el segundo ingreso de México después del petróleo y superan a la inversión extranjera directa.
La iniciativa tiene que resolver aún los mecanismos para efectuar la votación en un sistema político con tradiciones de corrupción y fraude.
En Guatemala, como informaba el jueves la prensa local, los dirigentes de la Coalición de Inmigrantes Guatemaltecos en EE.UU. (Conague), expusieron sus demandas: voto en las próximas elecciones, mejorar los consulados, promover contactos con los empresarios emigrados y ser tomados en cuenta en el diseño de políticas migratorias. 1.2 millones de guatemaltecos mandaron el año pasado 2,106 millones de dólares, según datos oficiales.
“Queremos participar en la vida cívica y política del país, como lo hacemos con las remesas”, declaró Maricela García, presidenta de Conague.
Si los gobiernos y las economías no pueden funcionar sin este poderoso flujo de dinero, ¿cómo negar derechos políticos a quienes mantienen a sus familias aquí e impiden en gran parte el colapso social de los frágiles Estados regionales?
