- Diputados señalan que el Gobierno hace pocos esfuerzos para respaldar a inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica
José Adán Silva
Una comisión integrada por diputados de la Asamblea Nacional, concluyeron en un informe presentado ayer, que el Gobierno nicaragüense está haciendo pocos esfuerzos para respaldar a los inmigrantes nicaragüenses que habitan en el marginal asentamiento humano La Carpio, en Costa Rica.
Este asentamiento, habitado por más de 35 mil personas, de las cuales se calcula que 21 mil son nicaragüenses, es el motivo de diversos debates y ácidos comentarios de amplios sectores de la sociedad costarricense, por la creencia que es cuna de delincuentes. Tal debate se incrementó a raíz de un violento enfrentamiento entre agentes policiales, pobladores que demandaban servicios y pandilleros que se colaron en la protesta civil.
A partir de ese enfrentamiento, y luego de que autoridades costarricenses organizaran investigaciones, cateos y arrestos, los diputados Emilia Torres, Carlos Gadea y Freddy Solórzano, de la Comisión de Población y Desarrollo, se trasladaron a Costa Rica a constatar la situación de los nacionales.
“Ahora se ha incrementado la percepción de que son los nicaragüenses quienes incrementaron la violencia, cuando en realidad de los 24 capturados por los pleitos, 17 eran ticos”, justifica la diputada Emilia Torres.
Luego de varios días de entrevistas con los mismos inmigrantes de varios asentamientos y autoridades oficiales y no gubernamentales, incluyendo la Iglesia Católica, líderes de la sociedad civil, organismos de ayuda humanitaria, líderes políticos y otros, los diputados concluyeron que “existe un problema de gran envergadura con los inmigrantes nicaragüenses en ese país. Este problema tiene un carácter binacional porque repercute en ambas naciones”.
Las conclusiones de los diputados, leídas ayer en la Asamblea Nacional en Managua, señala que mientras por un lado la “Iglesia Católica costarricense encabezada por monseñor Ángel Sancasimiro Fernández está haciendo una gran labor a favor de los nicaragüenses”, por el otro “el Gobierno debe hacer los mayores esfuerzos para abordar esta problemática, evitando la sensación de dejar la solución del problema sólo al gobierno de Costa Rica”.
De acuerdo con la diputada Emilia Torres, “hace falta una acción articulada de todas las instancias nicaragüenses involucradas en esta situación, con seguimiento serio a las visitas, acuerdos y medidas a implementar”.
La legisladora señaló que el Gobierno de Nicaragua debe ayudar a sus compatriotas en suelo costarricense a proveerse de documentos oficiales como cédulas y pasaportes, para que legalicen su situación antes de que entre en vigencia una ley migratoria que los diputados ticos impulsan, y donde establecen duras medidas para evitar la migración ilegal.
