- América Móvil adquiere porcentaje de acciones de Megatel y se convierte en dueño absoluto de la empresa
- Trabajadores accionistas
aseguran que Megatel minimizó
situación financiera para no
entregarles sus utilidades
Moisés Martínez
La venta del porcentaje accionario que poseía Megatel en la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) a sus socios de América Móvil, también propietaria en Nicaragua de Aló PCS, tiene bastante preocupados a los trabajadores y jubilados que aún son accionistas de la principal operadora telefónica de Nicaragua, porque estiman que esto significa el fin de su lucha por el pago de sus utilidades a que tienen derecho como accionistas minoritarios.
De acuerdo a los representantes de los trabajadores que ayer convocaron a una conferencia de prensa, el consorcio Megatel ya vendió las acciones que posee en Enitel, a América Móvil, y es cuestión de tiempo para que abandonen la empresa.
Esto fue confirmado por Eduardo Urcuyo, quien hasta la semana pasada estaba al frente del ente regulador de las telecomunicaciones, Telcor, antes de ser destituido sorpresivamente.
Urcuyo reveló vía telefónica a LA PRENSA que la transacción monetaria por la compra de las acciones ya se había efectuado y que sólo faltaba que Megatel resolviera algunos asuntos administrativos para posteriormente abandonar la empresa.
Urcuyo relató que él recibió en su despacho al futuro gerente de Enitel, Francisco Ibarra, funcionario de América Móvil, de origen mexicano, quien le confirmó la conclusión de las negociaciones.
NEGOCIO DEL SIGLO DE MEGATEL
Fuentes vinculadas a Enitel aseguraron que el traspaso de acciones entre Megatel y América Móvil se concretizó por una suma que oscila entre los 180 a 200 millones de dólares.
Megatel, de capital hondureño, compró en el 2001 su 40 por ciento de las acciones, y posteriormente se enfrascaron en una “cacería” de las acciones que estaban en manos de trabajadores de Enitel, ex empleados de la empresa y jubilados que laboraron para ésta.
Cuando se dio la venta del segundo porcentaje a América Móvil, Megatel ya contaba con un 49 por ciento de las acciones de Enitel, como resultado de dicha “cacería”. Sin embargo, un dos por ciento de las acciones, todavía está en manos de trabajadores y jubilados que aún no las han vendido.
El consorcio adquirió su porcentaje por 83 millones de dólares, sin embargo Megatel sólo pagó 33 millones al momento de la compra, y los restantes 50 millones serían pagados en un plazo de cinco años, monto que los sindicatos y críticos gubernamentales del proyecto aseguraron que provendría de las mismas ganancias de Enitel.
Incluso, se menciona que el actual gerente de Enitel, Carlos Ramos y representante de Megatel, sólo estará en el país hasta finales de junio. LA PRENSA intentó obtener una versión de Ramos al respecto, pero éste no respondió las llamadas a su celular.
Sin embargo, durante la última asamblea de accionistas de la empresa a fines del mes pasado, en declaraciones a LA PRENSA, Ramos negó estas negociaciones y rechazó que su salida de la empresa esté cercana.
América Móvil adquirió a finales del año pasado el 49 por ciento de las acciones de Enitel, completando de esta forma la privatización de la empresa.
INFORMES NO CONVENCEN
Durante la conferencia de prensa, los representantes de los empleados denunciaron que Megatel ha violentado las leyes comerciales de Nicaragua e incluso ha manipulado los estados financieros de la empresa para negarles el pago de las utilidades de la empresa a lo que tienen derecho como accionistas.
David Argüello, uno los dirigentes, explicó que durante la última asamblea de accionistas, Megatel, luego de meses de insistencia, entregó un informe sobre los estados financieros de Enitel auditados por la Price Waterhouse Coopers a todos los socios de la empresa.
“En primer lugar, Megatel violentó las leyes comerciales nicaragüenses, porque está establecido que cuando se van a entregar los estados financieros de una empresa se tiene que dar un mes para que los socios los revisen para luego en otra junta de accionistas emitan sus consideraciones sobre estos estados financieros. Sin embargo, esta gente de Megatel quería que aprobáramos en esa misma asamblea de accionistas los estados financieros. La información de tres años querían que la aprobáramos en medio hora. Por supuesto que nos negamos y decidimos abandonar el lugar”, relató Argüello.
“Estos estados financieros deberían de haber sido aprobados también por la Contraloría General de la República, porque durante tres años el Estado fue accionista mayoritario de la empresa. No puedo decir con exactitud todas las fallas, pero está claro que estos estados financieros no son totalmente reales. Lo que pasa es que ellos así quieren justificar el no darnos nuestras utilidades. Si los estados financieros los entregaron ahora, porque ya van de salida y no quieren tener problemas con los mexicanos”, agregó.
LAS CUENTAS PENDIENTES DE ENITEL
Eduardo Urcuyo, ex director de Telcor, reveló a LA PRENSA, que durante su encuentro con Francisco Ibarra, quien será el nuevo gerente de Enitel, le expresó que antes de autorizar el manejo de la empresa a otro operador, los administradores de Enitel tienen que resolver ante Telcor tres asuntos:
En primer lugar, esperar la conclusión de la auditoría financiera que está realizando Telcor en Enitel, para corroborar que esta empresa está entregando al ente regulador el monto correcto que comprende el 2.5 por ciento de sus ingresos, tal y como establece la ley de telecomunicaciones.
En segundo lugar, que se aclare qué sucederá con la licencia de operación de la empresa Aló PCS, ya que al adquirir Enitel, América Móvil poseería dos licencias de operación.
Finalmente, que Enitel resuelva el problema de varias deudas que tiene con diversas empresas nicaragüenses y que han provocado que éstas se quejen ante Telcor.
SOLICITAN INVESTIGACIONES
Los trabajadores accionistas de Enitel anunciaron que interpondrán formal denuncia contra los representantes de Megatel, ante la Fiscalía y Contraloría de la República, para que investiguen qué ocurrió con las utilidades de esta empresa, debido a que el Estado fue accionista de ésta por tres años.