Jorge Loáisiga M.
Proyecto de viviendas para miembros de Gobernación está paralizado por no tener seguridad jurídica sobre
terreno comprado a Urbanasa
Caso de tierras robadas al oeste de Cuesta del Plomo ya es un asunto de seguridad jurídica nacional, según el procurador Víctor Manuel Talavera
Lo que uno menos se puede imaginar, ocurrió: estafaron a la Policía Nacional. El Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (Issdhu) de la Policía Nacional “compró” siete manzanas de tierras a la sociedad Urbanizadora Americana S.A. (Urbanasa), la misma que adquirió unas 800 manzanas de tierras al oeste de la Cuesta del Plomo, que tienen un oscuro origen en el enjuiciamiento a un muerto.
La adquisición de las tierras era para desarrollar un proyecto habitacional para los miembros de la Policía Nacional, la Dirección de Migración y Extranjería, la Dirección General de Bomberos y del Sistema Penitenciario.
Las siete manzanas están ubicadas en la entrada de Bello Amanecer, detrás del puente, según refiere un certificado catastral extendido por la Dirección General de Catastro Físico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) el pasado 17 de marzo a la 1:40 minutos de la tarde.
LA PRENSA intentó hablar con el director del Issdhu, Silvio Baltodano Gómez y con Rosa Esmelda Calero, la gerente del proyecto, pero ninguno de los dos se encontraban en sus oficinas.
Del primero dijeron que no regresaría y, de la segunda, expresaron que se encontraba en una reunión en Plaza El Sol, la Jefatura Nacional de la Policía.
DINERO ES DE LA POLICÍA, MIGRACIÓN Y BOMBEROS
Mientras tanto, el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Marlon Montano, expresó que no podía hablar del tema, aunque calificó como estafa lo ocurrido al Issdhu.
“Ese dinero no sólo es de la Policía, también es de Migración y los Bomberos. El que puede hablar de eso es Silvio Baltodano. Fue a ellos que los estafaron”, dijo el comisionado Montano, al ser consultado vía telefónica sobre el caso.
El pasado tres de junio, Baltodano envió al director del Ineter, Claudio Gutiérrez, una carta en la que le urge que le extienda un certificado catastral con un número de parcela diferente al que se le había extendido el 17 de marzo pasado.
“Este documento es de mucha importancia para poder desarrollar el proyecto de construcción de las viviendas, hasta la fecha no se ha adjudicado la licitación del diseño urbanístico en dicha propiedad por falta del certificado catastral que demuestre que la misma fue adquirida por nuestra institución”, dice textualmente la carta de la cual se envió copias al Prefecto del Sistema Penitenciario, Carlos Sobalvarro; al comisionado mayor Javier Maynard, jefe de la División de Recursos Humanos de la Policía.
“… de la finca 22,145, se efectúo una desmembración de siete manzanas la que fue adquirida por compra hecha por el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (Issdhu), a la Urbanización Americana S.A. (Urbanasa), con el fin de construir viviendas para los miembros del Ministerio de Gobernación que son de escasos recursos, proyecto que se ha detenido producto a la falta de dicho certificado catastral”, agrega en otra parte la misiva.
“De conformidad con las normas de Ineter, el tiempo para emitir certificado catastral es de ocho días laborales, y han transcurrido 73 días, sin encontrar ninguna respuesta…” dice en la parte final la carta.
LA PRENSA denunció, en su edición del lunes, que Julio César Barahona Ruiz, representado por Yelba Isabel Barahona Venerio, vendió ilegalmente a Urbanasa todas las propiedades a ambos lados de la Carretera Nueva a León, al oeste de la Cuesta del Plomo, afectando a 250 familias de Villa Soberana, propiedades de particulares, del Estado y empresas privadas.
Las tierras que compró el Issdhu son parte del paquete de propiedades que adquirió Urbanasa y que ahora ha desatado una profunda investigación de la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, el Ineter, Catastro Fiscal y la misma Policía Nacional.
DAJ CITA A PRIMEROS
Un supuesto sobrino de Julio César Barahona Ruiz, cuyo nombre pidió se mantuviera en reserva, se comunicó a LA PRENSA y aseguró que su tío falleció hace cuatro años en Estados Unidos y que Yelba Isabel Barahona Venerio es hija del difunto, pero la misma anda un poder generalísimo falso con el cual se ha dedicado a vender propiedades. “No es la primera propiedad que vende. Esta señora le hizo daño en vida y aún muerto el señor, le sigue haciendo daño”, expresó el presunto sobrino.
Ahora resulta que a quien le ofrecieron un millón de dólares por hacer las gestiones es una persona llamada Eddy Tapia y no a Julio César Barahona Ruiz. Tapia dice ser un corredor fiscal y que quien lo buscó fue la señora Yelba Isabel Barahona Venerio, para que colocara en venta las propiedades, logrando llevar la venta hasta Urbanasa.
La Dirección de Auxilio Judicial llamó ayer por la tarde a declarar a Tapia y a Luis Adrián Pichardo, presidente de Urbanasa. Barahona está citada para declarar hoy.
INSEGURIDAD TOTAL
“Ni usted ni yo sabemos en este momento si su casa o la mía siguen siendo nuestras. Ese el gran problema de la inseguridad jurídica con la tenencia de la tierra, por eso este problema debe ser abordado como un asunto de seguridad nacional”, dijo el procurador Víctor Manuel Talavera.
