Esta es una de las ocho “Ordenes de Modificación” a favor del difunto Ofilio Mendoza Osorno, en la que se cambia el valor castastral de 25,9 millones de córdobas a 8 millones de córdobas, haciendo una rebaja de más de 17 millones de córdobas.

Mafia en robo de tierras

En Catastro Fiscal emitieron avalúos sin verificar en el campo la infraestructura en las propiedades César Barahona Ruiz dice que hizo gestiones porque le ofrecieron un millón de dólares en comisiones Jorge Loáisiga Mayorga El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, dijo ayer que esa entidad sospecha de la existencia de una mafia […]

  • En Catastro Fiscal emitieron avalúos sin verificar en el campo la infraestructura en las propiedades
  • César Barahona Ruiz dice que hizo gestiones porque le ofrecieron un millón de dólares en comisiones

Jorge Loáisiga Mayorga

El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, dijo ayer que esa entidad sospecha de la existencia de una mafia organizada que se dedica al robo y tráfico de tierras, con tentáculos en el Catastro y en el Registro de la propiedad.

“Aquí nosotros tenemos avanzadas unas investigaciones y se sospecha que hay una red de mafiosos que trafican con las tierras, con contactos en Catastro y en el Registro de la Propiedad. Se han presentado bastantes casos. El gran problema de la propiedad es la inseguridad jurídica. En éste, del gran robo de tierras que denuncia LA PRENSA, quien debe tomar la voz cantante es la Procuraduría porque se trata de bienes del Estado”, dijo Centeno.

Mientras tanto LA PRENSA conoció que la Dirección de Catastro Fiscal del Ministerio de Hacienda autorizó la “modificación” de los valores catastrales de ocho de las 16 propiedades (con más de 800 manzanas de tierras), ubicadas al oeste de la Cuesta del Plomo, que fueron vendidas ilegalmente por Julio César Barahona Ruiz a la sociedad Urbana S.A., haciéndoles una rebaja de más de 20 millones de córdobas.

Las “rebajas” se habrían producido en el mes de julio del año 2000. Una de las más significativas rebajas se produjo el seis de julio del 2000, con la propiedad denominada Finca San Carlos, que pertenece al Estado de Nicaragua, específicamente al Banco de la Vivienda de Nicaragua, la cual estaba valorada en 25.9 millones de córdobas y le fue modificado el valor, dejándola en ocho millones de córdobas.

Asimismo se hizo “modificación” al valor catastral de una propiedad valorada en un millón de dólares, pasando la misma a un valor de 104 mil 564 córdobas, una reducción de casi 90 por ciento.

El director de Catastro Fiscal, Kamil Savanny, dijo que daría la versión de esa institución hoy. Sin embargo hizo la salvedad de que las anomalías se cometieron en el año 2000.

LA PRENSA informó en su edición de ayer que las más de 800 manzanas de tierras incluyen propiedades del Estado y de particulares, entre las que destacan inmuebles de 250 familias que habitan en el sector de Villa Soberana, pobladores de Bella Cruz, el ex alcalde de Managua, Roberto Cedeño, así como del Banco de la Vivienda (Bavinic), la Iglesia Católica, la Empresa de Transmisión Eléctrica (Entresa), la Empresa Metal Mecánica S.A., el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Industrias Dacal S.A., y la Fábrica de Escobas, entre otras.

UN DIFUNTO HACIENDO GESTIONES

En el proceso de “modificación” de los valores catastrales se habrían violado una serie de procedimientos legales, como la emisión de constancias de avalúos catastrales, sin verificar en el campo la infraestructura existente en las propiedades mencionadas.

Asimismo se emitieron constancias de modificación de avalúo catastral, sin valorar físicamente los bienes y emitieron constancias de avalúo catastral de las propiedades con un Certificado Catastral anulado y otro falsificado.

Parte de estas irregularidades habrían ocurrido en julio del año 2000 y, según se refleja en las “órdenes de modificación”, la gestión la habría realizado el difunto Ofilio Mendoza Osorno. Pero según consta en el Libro de Defunciones de la Alcaldía de Managua, Mendoza Osorno murió el 26 de febrero de 1995, lo cual está reflejado en el número 0413, tomo I-0182, folio 0413.

Al difunto Mendoza lo enjuició César Barahona Ruiz, a través de su apoderada generalísima Yelba Isabel Barahona Venerio, por una supuesta deuda de 600 mil córdobas y con ese mecanismo lograron la venta forzada de una supuesta propiedad de Mendoza, que resultaron ser las 800 manzanas de tierras que pertenecen a particulares y al Estado.

PROMESA DE UN MILLÓN DE DÓLARES

César Barahona, quien supuestamente hizo todos los trámites, dijo a LA PRENSA que él es un “corredor fiscal” y que fue buscado por Yelba Isabel Barahona Venerio para que colocara en venta las propiedades.

“A mí me buscó esta señora Yelba Isabel Barahona Venerio para que colocara las propiedades, me prometió una comisión que yo sólo en películas las he visto. Me dijo que me iba a dar un millón de dólares en comisión, pero hasta la fecha no me ha pagado. Yo voy saliendo de Managua ahora, pero voy a tratar de localizar a esta señora para que hable con ustedes y se aclaren estas cosas, porque yo no tengo nada que ver con todas esas cosas que están diciendo en el Diario”, dijo ayer Julio César Barahona, a la vez que prometió para hoy una entrevista con Barahona Venerio.

«YO VENDÍ MIS ACCIONES»

Urbana S.A., es una sociedad de bienes raíces, constituida el 15 de enero de 2002, con un capital de 10 mil córdobas, del que el 50 por ciento era de la Sociedad Arca de Nicaragua y el otro 50 por ciento de Julio César Barahona. Los socios eran Luis Adrián Pichardo Chávez, Edgard Khüll Leiva, Ersan García y Julio César Barahona Ruiz.

Los tres primeros eran socios de Arca de Nicaragua S.A., y se asociaron con Barahona para fundar Urbana, cuando éste les vendió las 851 manzanas que obtuvo de forma irregular, afectando propiedades de particulares y del Estado.

El 19 de febrero de 2002, Barahona le vendió a su misma empresa el 100 por ciento de las tierras que obtuvo de forma irregular por el precio de 100 mil córdobas, según consta en escritura pública.

Edgard Khüll Leiva se presentó ayer a las instalaciones del diario LA PRENSA y dijo que él vendió sus acciones a Luis Pichardo Chávez en octubre del 2002, por lo que aseguró estar totalmente desligado del caso.

“Según consta en el Libro de Actas de la empresa Arca de Nicaragua S.A., en el acta número 63 del 29 de octubre del 2002, yo vendí mis acciones al licenciado Luis Adrián Pichardo y siendo esta empresa la propietaria de las acciones de Urbana S.A., yo, desde ese mismo momento dejé de tener participación en Urbana S.A.” , expresó.

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