José Adán Silva
La Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional, anunció ayer que pedirá al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) toda la documentación sobre la licitación de la construcción de la carretera Ticuantepe-Masaya-Granada, otorgada a la empresa española Construcciones Hispánica.
Mediante una nota de prensa, dicha comisión anunció que la próxima semana realizará una visita in situ para la evaluación de todo el proceso de construcción, desde la calidad de los materiales hasta el personal encargado del proyecto.
Dentro de los documentos solicitados con carácter de urgencia al MTI, se encuentra la resolución del Comité Técnico que inicialmente rechazó la participación de Hispánica, y la otra del comité revisor de licitación, que luego adjudicó la obra vial a la empresa española, pese a que inicialmente había sido declarada “no apta” por lo “temerario” de su oferta de precio.
Los diputados de esa comisión legislativa anunciaron que también revisarán el decreto de préstamo que aprobó la Asamblea Nacional para la construcción de la carretera mencionada, así como información sobre la empresa española, copia del diseño de la obra vial, todos los requisitos legales que demanda el Gobierno de acuerdo a sus leyes, incluyendo la fianza que debe presentar dicha empresa.
CARRETERA NO ES REGALO
El presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia, el diputado liberal Noel Pereira Majano, señaló que el objetivo de la investigación es encontrar responsabilidades sobre las irregularidades presuntamente cometidas por la empresa Hispánica en la ejecución de la carretera, cuya longitud de 31.5 kilómetros está atrasada en un 15 por ciento, y de 7.5 kilómetros que deberían estar pavimentados, no se ha construido ninguno.
Las presuntas anomalías, según expresó el diputado Majano, “comprenden también el préstamo, que según el ministro Pedro Solórzano, pretendió darnos a conocer aduciendo que era una donación. Sin embargo, en el decreto que aprobó la Asamblea Nacional, está claro que es un préstamo por 30 millones de dólares de parte del Gobierno de España, con un plazo de 35 años, el cual fue firmado en el 2003, por lo tanto no es un regalo”.
Solórzano, desde que estalló el escándalo por el atraso serio que ha presentado la obra, ha dicho que la construcción proviene de préstamos blandos otorgados por España a países afectados por el huracán Mitch.
Majano dijo que “se tiene percepción y documentos que lo van probando a lo largo de la investigación, de que se encubrió faltas de cumplimiento en todo el proceso de licitación, y por lo tanto, existe el responsable y lo vamos a encontrar”.
Iniciada en noviembre del 2003 a un costo de 22 millones de dólares, la obra ha recibido el 15 por ciento del valor total del proyecto, pero la empresa apenas ha ejecutado el 1.58 por ciento.
La reacción de los diputados se da sólo un día después que la Contraloría General de la República revelara información sobre la empresa española, la cual, según la CGR, presenta graves atrasos e irregularidades en el diseño y construcción de la obra.
