Carlos Bardasano
La Organización de los Estados Americanos (OEA), el Centro Carter y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), preocupados por la severa crisis política e institucional y la aguda polaridad social que sufre Venezuela, vienen facilitando y promoviendo una solución pacífica a la crisis política venezolana.
El Gobierno del teniente coronel Hugo Chávez Frías, de espaldas a sus obligaciones constitucionales y al compromiso de respetar la libertad de expresión y de prensa según los términos de los acuerdos antes mencionados, ha amenazado una vez más con aplicar medidas militares y de represión contra los medios de comunicación social y dictar, igualmente, una legislación restrictiva de la libertad de prensa.
En orden a lo anterior y por iniciativa gubernamental ha sido aprobado por la Asamblea Nacional, en segunda discusión, el proyecto de ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, cuyas normas buscan regular y controlar los contenidos de la información; y, asimismo, ha sido reabierto el debate parlamentario para la reforma de la legislación penal sustantiva, en modo de castigar con pena de prisión a quienes transmitan informaciones falsas a través de los medios de comunicación social o protesten a los funcionarios públicos.
A su vez, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia adoptó la Sentencia 1,942, que valida y consagra las denominadas leyes de desacato, para castigar penalmente las críticas de la prensa y de los comunicadores a los poderes públicos del Estado y sus titulares, en abierta contradicción con los principios básicos de la democracia.
Por eso la Asociación Mundial de Periódicos, reunida en Estambul, Turquía, a fines de mayo recién pasado, condenó las políticas sistemáticas asumidas por el Estado venezolano contra la libertad de expresión y de prensa.
Dicha asociación expresó también “votos para que la Organización de los Estados Americanos, el Centro Carter y la Organización de las Naciones Unidas, sigan contribuyendo con la realización efectiva de una solución pacífica, democrática, constitucional y electoral a la crisis de gobernabilidad venezolana”.
