- Enfrentan cargos de corrupción de menores, proxenetismo, trata de personas y tentativa de violación
Fátima Tórrez González
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Arresto domiciliar para acusados del centro “Gavi”
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Enfrentan cargos de corrupción de menores, proxenetismo, trata de personas y tentativa de violación |
Fátima Tórrez González
Para mañana miércoles 3 de junio está programado el juicio oral y público para los cinco acusados del centro de masajes “Gavi”, por los delitos de corrupción de menores, proxenetismo, trata de personas y violación en grado de tentativa, en perjuicio de dos menores de edad, pero desde la semana pasada la juez Segundo Penal de Juicio, Ileana Pérez, revocó la prisión preventiva para tres detenidos y concedió el arresto domiciliar.
La judicial Pérez manifestó que se estaba violentando el principio de igualdad para los procesados, ya que unos gozaban del arresto domiciliar desde el mes de abril cuando se inició el juicio.
FIANZAS PERSONALES Y ECONÓMICAS
Desde el pasado viernes fue puesto en libertad condicional José Santos López, el supuesto cliente, quien según el Ministerio Público fue encontrado en una habitación con una menor de 14 años.
Para que López pudiera salir bajo arresto domiciliar tuvieron que poner en garantía dos propiedades con un valor de 20 mil córdobas cada una, más una fianza económica de cinco mil córdobas y dos fiadores personales.
También salió Alberto Francisco Mairena, supuesto administrador del centro de masajes, a quien únicamente le impusieron una fianza económica de dos mil córdobas y un fiador personal, pero según su defensor Carlos Javier Chavarría, también se puso en garantía un vehículo.
En el caso de Johana Ocampo Alvarado, dueña del negocio, quien es señalada de contratar supuestamente a las menores, el arresto domiciliar le fue conseguido hasta ayer mediante una caución económica de dos mil córdobas y dos fiadores personales, pero nunca presentó la prueba de embarazo que la judicial le solicitó desde la audiencia inicial en abril.
Ocampo Alvarado es la única acusada que no renunció al juicio oral y público, mientras que los demás solicitaron que fuera un juicio técnico.
A los otros dos acusados Nicolás Aburto Jarquín, dueño de la vivienda donde funcionaba el centro de masajes, y Esperanza Sánchez López, administradora de la agencia de empleos Gonzáles-Pasos, se les había concedido el arresto domiciliar desde el inicio del juicio.
