- Apre recurre de amparo contra
magistrado Calderón, y éste
no descarta impulsar una acción
similar contra recurrentes - Arnoldistas en el CSE insisten en que Alianza es ilegal
María José Uriarte R. y Consuelo Sandoval
El presidente de Alianza por la República, Miguel López y el presidente del Partido Conservador, introdujeron un recurso de amparo en el Tribunal de Apelaciones, contra el magistrado Silvio Calderón, por ser el único que de manera pública ha expresado su posición en relación a esa organización política. Afirman que es una medida precautelar y que no limita la posibilidad de ejercer otras acciones legales.
El magistrado Calderón afirmó comprender la reacción de López en relación a impulsar medidas legales contra los magistrados de tendencia liberal, si mantenían la posición de no integrar quórum.
Para el magistrado Calderón es natural que esté molesto como presidente del PL- 1913, pero que de la misma forma, no descarta que puedan impulsar una acción similar en su contra por reflejar una actitud amenazante contra los magistrados que están por restaurar la legitimidad institucional en la toma de decisiones.
En el caso que en la sesión convocada para hoy no se logre el quórum, desestimó que se pueda autorizar las alianzas por la vía de hecho, porque el artículo 10, inciso 14 de la Ley Electoral, establece que son atribuciones de los magistrados autorizar la constitución de alianzas de partidos políticos con quórum de ley.
Apuntó que de hacerlo, los magistrados Roberto Rivas y Emmet Lang estarían nuevamente irrespetando la observancia a la Constitución Política en la toma de decisiones.
Otro factor que toma en cuenta para insistir en la ilegalidad de Alianza por la República y que prohíbe la Ley Electoral es la utilización de las palabras Partido y Alianza, al ser dos conceptos totalmente distintos y excluyentes entre sí, ya que define partido como una institución, y alianza como la unión de varios partidos, por lo que resulta ilógico que esos dos conceptos estén ligados.
DESLINDAN RESPONSABILIDADES
Los magistrados Calderón y Jorge Incer Barquero enviaron un escrito a sus homólogos, en el que deslindan responsabilidades sobre el impasse que afecta al Consejo Supremo Electoral (CSE), a raíz de la ruptura del quórum, realizada por los mismos.
Señalan que no se harán presentes por ahora a las sesiones que convoque el magistrado Roberto Rivas, mientras no haya una revisión de lo actuado, pero que su ausencia no los hace culpables de cualquier tipo de incidencia que impida el cumplimiento de las actividades del Calendario Electoral.
En el escrito, reiteran que las últimas resoluciones son carentes de legalidad y legitimidad institucional, esto por continuar la sesión ordinaria del pasado 24 de mayo sin quórum de ley, a pesar que antes de retirarse expusieron las razones de su desacuerdo para abordar el punto de la solicitud de cambio de nombre del Partido Liberal Fundado en 1913.
“No sólo votaron autorizando cambios de nombres y de emblemas, no bastándoles con ello, permiten que el secretario de actuaciones (Roberto Evertz) manipulara nuestra decisión razonada por la que rompíamos quórum y lo traslada como si hubiéramos estado presentes durante la votación; tales irregularidades producen en nosotros todo un ambiente de falta de seguridad, transparencia, garantía y confianza, elementos básicos que todos estamos obligados a crear, mantener y respetar, al margen de todo compromiso partidario o ajenos a la institución”, reza parte del escrito.
Los magistrados proponen que se convoque una sesión para discutir nuevamente los puntos que originaron el conflicto, y que la misma esté asistida por representantes de las organizaciones políticas, que sean abogados o conocedores del Derecho, así como medios de comunicación.
Las únicas resoluciones que reconocen como válidas aprobadas por unanimidad en la última sesión que estuvieron presentes, son: la Normativa de Fiscales y Representantes de las organizaciones políticas participantes en el proceso electoral, y la de Funcionamiento de las Juntas Receptoras de Votos.
FALTAN VOTOS PARA DESTITUCIÓN
En la Asamblea Nacional no existen los 56 votos necesarios para promover la destitución de los magistrados liberales del CSE, por cuanto, las bancadas mayoritarias del PLC y el FSLN, están en posiciones opuestas.
El FSLN propugna porque los magistrados arnoldistas sean interpelados para hacerles un llamado al orden y la cordura, no obstante, confían en que hoy se integrarán a sesionar normalmente.
Los liberales, en tanto, opinan que no se prestarán a interpelar a sus correligionarios, porque tampoco lo hicieron cuando el año pasado, los magistrados sandinistas no hicieron quórum en las sesiones.
El jefe de bancada Azul y Blanco, Orlando Tardencilla, dijo respaldar a sus colegas directivos del Apre, no obstante, advirtió que la Constitución no concede atribución a los diputados para interpelar a funcionarios de otros poderes del Estado, excepto del Poder Ejecutivo.
ADVERTENCIA
“Sin embargo, la actitud de él (López) sí es delictiva, porque está presionando a los magistrados electorales para que fallen a favor de su partido, por tanto, así como él tiene su legítimo derecho de establecer las acciones judiciales que estime a bien, también los tres magistrados Mauricio Montealegre, Jorge Incer Barquero y mi persona frente a su actitud de intimidación, coacción y amenaza podríamos proceder en su contra por la vía penal, solicitando su desaforación”, subrayó el magistrado Silvio Calderón.
