José Adán Silva y Luis Eduardo Martínez
El Viceministro de Gobernación, Alfonso Sandino, expresó ayer que a pesar de que el Gobierno del presidente Enrique Bolaños busca mecanismos para darle solución a los campesinos que demandan tierras y trabajos, tal búsqueda es “un agregado porque ya cumplimos los Acuerdos de Las Tunas”.
Hace dos años, el Gobierno de Nicaragua se comprometió a cumplir una serie de demandas a miles de campesinos de cuatro comunidades del norte del país, quienes por medio de marchas y plantones a lo largo de las carreteras exigían atención gubernamental para conseguir tierras, títulos, préstamos, alimentos y medicinas.
Este año los mismos campesinos reanudaron las protestas y bloquearon las carreteras, ante el incumplimiento gubernamental.
Ayer, el viceministro Sandino, tras explicar que el Gobierno está ofreciendo soluciones concretas a los campesinos, dijo que las nuevas ofertas son un agregado a los Acuerdos de Las Tunas.
Las partes negociadoras ya evacuaron todos los puntos no cumplidos de los Acuerdos de Las Tunas, suscritos el 13 de septiembre del año 2002 y ratificados el 9 de agosto del año pasado. Sin embargo, todavía discutían sobre la cantidad de empleos que generará el Gobierno, a través de distintas dependencias, para beneficiar a las dos mil familias campesinas.
También discutían sobre el plazo y forma de entrega de ayudas alimenticias, insumos y semillas para que los beneficiarios de las parcelas familiares puedan integrarse de inmediato a las labores productivas.
La Comisión Gubernamental, que encabeza Sandino, dijo disponer de cinco millones de córdobas para el “acompañamiento” a la desmovilización de los obreros que están en Las Tunas.
De ese monto, utilizarían 1.5 millones de córdobas para la compra de alimentos para las dos mil familias. Otros 1.5 millones serían destinados para la lotificación y levantamiento topográfico de las seis mil manzanas de tierra que serían entregadas en forma de parcelas familiares y destinarían un millón de córdobas como apoyo a la Procuraduría General de la República (PGR) en la titulación de las tierras.
Un millón de córdobas sería usado en la compra de herramientas para los beneficiarios de las parcelas familiares que no deben exceder de tres manzanas de extensión para cada beneficiario.
