- El incendio en un penal de Honduras, que causó la muerte de 104 pandilleros despertó suspicacias de que éste sea
un nuevo capítulo de las frecuentes ejecuciones ilegales de delincuentes
Alberto L. Alemán/ (ACAN-EFE)
El incendio que cobró 104 vidas de pandilleros en la prisión hondureña de San Pedro Sula y las acusaciones de los sobrevivientes de que todo fue un acto deliberado, resucitó el temible fantasma de ilegales ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad.
Hasta hoy, la versión oficial sostiene que un cortocircuito causó el lunes el incendio de un pabellón penitenciario, y se originó probablemente por un sobrecalentamiento de los cables de electricidad, debido a que los “mareros” tenían en su celda más de 75 electrodomésticos. Así lo afirma un peritaje del Cuerpo de Bomberos.
Todos los 182 reclusos de la celda 19, donde ocurrió el incendio, pertenecen a la “Mara Salvatrucha” (MS), una de las mas temidas pandillas.
Los sobrevivientes y sus familiares no se la tragan. En sus relatos, los presos dicen que las puertas de las celdas no se abrieron sino hasta dos horas tras una explosión a la que siguió el fuego y que los custodios les dispararon. Las autoridades niegan que hayan abierto fuego a los reos. El ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, declaró que investigan si hubo un plan de fuga.
MATANZA EN LA CEIBA
El antecedente más fresco y que contribuye a las suspicacias, es el de la matanza de presos por soldados y policías del 5 de abril del 2003. 68 personas, en su mayoría reos miembros de las “maras”, murieron acribillados a tiros y quemados en el penal de la ciudad caribeña La Ceiba, 185 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
El Ministerio Público procesó a 51 oficiales y agentes de la Policía y del Ejército por la matanza. Nadie hasta ahora ha sido sentenciado y el asunto está en los Juzgados.
El presidente Ricardo Maduro suspendió una gira por Europa y retornó al país. Prometió una investigación exhaustiva y admitió la posibilidad de invitar a expertos extranjeros para ayudar a desentrañar qué ocurrió de verdad.
Por ahora, el Estado entrega un bono de 500 dólares a las familias de los muertos para gastos fúnebres y 275 dólares a las de los hospitalizados por quemaduras.
“LIMPIEZA SOCIAL”
Los defensores de los derechos humanos recordaron que los asesinatos de jóvenes delincuentes no son nada fuera de lo común en Honduras. Las suspicacias no salen de la nada.
“En Honduras hay una política estatal que tiende a matar a los jóvenes’’ , expresó la coordinadora del Comité de Familiares de Desaparecidos, Bertha Oliva, reaccionando el día del suceso.
El director de la organización humanitaria estadounidense Casa Alianza, José Manuel Capellín, afirmó que “hay represión en contra de los pandilleros, a los que el gobierno sólo la cárcel ofrece’’.
Las cifras de este horror silencioso e impune son mayores. A finales de 2002, el Ministerio Público reveló que entre 1999 y 2001 hubo 1,262 ejecuciones extrajudiciales, en las que estuvieron involucrados policías, guardias privados de seguridad y grupos de personas que hacen justicia por su cuenta.
Casa Alianza asegura que entre 1998 y enero del 2002, se registraron 1,927 asesinatos de este tipo.
Hace año y medio, la subcomisionada policial y entonces jefa de Asuntos Internos, María Luisa Borjas, declaró ante la prensa extranjera que tenía conocimiento que agentes del Ministerio de Seguridad y de la Policía, habían tomado parte en al menos 20 ejecuciones.
Los eliminados eran “delicuentes o presuntos delincuentes”, afirmó Borjas. “Hubo ejecución, omisión, complicidad y encubrimiento” de las autoridades.
La Procuraduría de Derechos Humanos en San Pedro Sula trabaja por el momento con la presunción de que el siniestro fue causado por un cortocircuito.
“Según los elementos que se conocen ahora, no hubo mano criminal”, dijo por teléfono a LA PRENSA el representante de la Procuraduría en la ciudad, Víctor Perelló. No obstante, agregó que esperarán el resultado de nuevas investigaciones.
Lo que el órgano se propone establecer a lo inmediato es si “hubo negligencia” de parte de las autoridades del penal. “Se maneja la hipótesis de que se tardaron demasiado tiempo y que a propósito no abrieron las puertas” para permitir la salida de los presos .
Para la Procuraduría, el gobierno de Honduras carece de políticas sociales adecuadas para tratar el problema de las pandillas y aplica únicamente políticas represivas.
“La represión no solucionará los problemas sociales” estimó Perelló.
HACINAMIENTO EXPLOSIVO
El sistema penitenciario hondureño es obsoleto e inseguro desde hace muchos años, con unas 25 cárceles que albergan a más de 10,000 reos, en total hacinamiento.
En el presidio de San Pedro Sula, con capacidad para 800 reclusos, el lunes pasado, día del incendio, había cerca de 2,000.
En la celda 19, donde murieron 101 de los 104 reos pandilleros, había 182, cuando su capacidad era para unos 50 presos.
En la Penitenciaría Nacional de Tegucigalpa, con capacidad para 1,500 reos, se hacinan 3,500.
El presidente Ricardo Maduro indicó que teniendo en cuenta la precariedad de muchas de las instalaciones públicas, cuyo deterioro se ha producido a través de los años, también se hará una evaluación de las mismas como medida de prevención.
336 REOS MUERTOS DESDE 2000
El centro penal de San Pedro Sula encabeza la lista de los reclusorios del país donde más reos mueren, según cifras en poder de la Dirección de Servicios Especiales Penitenciarios.
Las estadísticas establecen que del 2000 al 2004 han muerto 152 privados de libertad en el presidio local. La mayoría de ellos en hechos violentos.
Uno de los hechos más sangrientos suscitados esta década en el penal sampedrano se produjo el 21 de marzo de 2003. Ese día, 13 mareros de la MS murieron apuñalados por sus rivales de la Mara 18.
La Granja Penal de La Ceiba está en segundo lugar, por la matanza ocurrida el pasado 5 de abril de 2003, donde murieron masacrados 69 reclusos.
En tercer lugar se ubica la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán, con 68 muertes.
Diario La Prensa
