Moisés Martínez
La contrapartida nacional completa de 19 millones de córdobas establecidos en los presupuestos de la República desde 1999 hasta el 2002, para el proyecto del tramo San Benito-San Lorenzo, se utilizó para costear la supervisión paralela que el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) realizó de este proyecto, el cual tendrá que volver a realizarse porque, al final, la carretera no sirvió.
Documentos en poder de LA PRENSA establecen que cuando se firmó el convenio para la construcción de la carretera, entre la Agencia Danesa de Cooperación para el Desarrollo (Danida-Dinamarca) y el Gobierno de Nicaragua en 1999, se estableció que el país nórdico asumiría completamente los gastos de ejecución del proyecto.
Por su parte, Nicaragua asumiría los gastos para la supervisión paralela que realizaría el MTI del proyecto, así como el pago de salarios para consultores, entre otros rubros que no son detallados en la documentación. La misma tampoco detalla cuántos supervisores fueron contratados para inspeccionar el proyecto.
El ministro de Transporte e Infraestructura, Pedro Solórzano, reconoció en una entrevista ante LA PRENSA, la existencia de esta contrapartida para este proyecto, pero alegó, en primer lugar, que esas fallas se dieron durante la administración del ex presidente Arnoldo Alemán y que ese dinero no se había perdido porque, al final de cuentas, la carretera sería reconstruida con fondos del Gobierno de Dinamarca.
El convenio con la cooperación de Dinamarca fue firmado en 1999 por el entonces ministro de Transporte, David Robleto Lang y el actual prófugo de la justicia y ex ministro de
SEÑALARON FALLAS DESDE EL 2002
Hacienda y Crédito Público, Esteban Duque Estrada.
Las autoridades del MTI conocían de las graves fallas en la construcción de la carretera San Benito-San Lorenzo desde hace dos años.
El 4 de marzo del 2002, él director de carreteras del MTI, Carlos Pérez, envió una carta a Nicolas D. Willey, ingeniero residente de la empresa de capital inglés Roughton Internacional Ltd., que estuvo a cargo la supervisión de este proyecto, en la cual hace los primeros señalamientos acerca de las fallas en esta red vial.
Tanto Roughton Internacional Ltd., como la empresa constructora Fourcon, están siendo demandadas en una corte de Dinamarca para obligarlas a pagar los costos de la rehabilitación de la carretera.
Entre las primeras fallas mencionadas por Pérez en la carta, está el estancamiento del agua en la carretera, lo que dañaba el asfalto de la red vial, así como la presencia de grietas y baches.
Posteriormente, D. Willey respondió, siete días después, con una carta en la que reconoció las fallas señaladas por Pérez y prometió, en dicha ocasión, que investigarían las causas de éstas y procederían a solucionar el problema antes de que el daño en la carretera aumentase.
Sin embargo, en un informe técnico del MTI de diciembre del 2003, pese a que Roughton se había comprometido a solucionar las fallas, se menciona nuevamente la presencia de grandes grietas en la carretera, provocado principalmente por lo que se denominó “compactación de las capas inferiores de los antiguos terraplenes (parapetos) existentes”.
Posteriormente y a raíz de una denuncia de LA PRENSA, la sede diplomática de Dinamarca en el país, aceptó que el proyecto prácticamente se había perdido y que la carretera San Benito-San Lorenzo tendría que reconstruirse completamente.
