Azucena Castillo*
Roman, Times, serif»>Opinión económica
Telecomunicaciones vs agricultura: una negociación necesaria para todos
Azucena Castillo*
En un mundo global, para lograr la competitividad del país, como la empresarial y del propio comercio, es imprescindible contar con la tecnología y los servicios que permitan la rapidez y eficiencia. El teléfono, la Internet, el fax, satélites y otros tipos de conexiones que seguramente nos sorprenderán son indispensables para poder realizar negocios y transacciones en tiempo oportuno y con bajos costos.
Desde la Ronda de Uruguay el tema de la desregulación de las telecomunicaciones ha estado sobre la mesa. Nicaragua entonces dio sus primeros pasos desmantelando el monopolio estatal, para resarcir un poco su débil competitividad internacional.
De acuerdo a Gary Hufbauer y Daniel Rosen, la industria de la telecomunicación maneja negocios por un trillón de dólares. Algunos de sus estudios indican que los usuarios de la tecnología podrían beneficiarse en más de un billón de dólares en un términos de 10 años.
Sin embargo las innovaciones tecnológicas, no están beneficiando a todo mundo con su acceso —aún cuando los países tengan esa disponibilidad—. Eso hace más marcada la clasificación de “país de tercer mundo” donde una minoría de gente y negocios utilizan la tecnología de la comunicación.
Según datos, si comparamos una relación de 15 aparatos telefónicos por cada 100 familias en los países en desarrollo contra más de 100 por cada 100 familias en Estados Unidos resalta la enorme brecha tecnológica. Simplemente los países pobres no disponen de los capitales que requiere el desarrollo de la innovación tecnológica.
Así que muchos países tienen que trabajar con una pésima transmisión electrónica de datos, o exorbitantes tarifas telefónicas internacionales o locales, que desde el arranque los deja fuera de toda competencia. Ése sería el caso de Centroamérica que ha firmado el Cafta. Debe estar en el mejor interés de los países centroamericanos garantizar ese acceso por la competitividad de la región.
No se puede negar que la apertura de ese sector traerá muchos beneficios a Estados Unidos con grandes negocios, ya que al liberarse, las compañías americanas vendrán a satisfacer las demandas de los nuevos mercados que se dinamizan en los países orientados a la exportación y los negocios globales.
Pero eso no debe preocuparnos, pues si se cerró una negociación “positiva” para las partes, también la ganancia de los países en desarrollo deberá valorarse desde la óptica del “antes y después” de la liberalización de las telecomunicaciones en cada país. Se debe analizar lo que significa pasar de sistemas en manos de monopolios estatales con todos sus consabidos resabios y burocracia, para atender la instalación de un servicio telefónico, las reparaciones, acceso a líneas, a un servicio ágil y eficiente de cobertura nacional con mejor tecnología que se refleje en ahorros de llamadas locales e internacionales para las familias y empresas centroamericanas.
No debe ser preocupación que Estados Unidos perciba grandes ganancias, si los países en desarrollo también se beneficiarán de la liberalización de los mercados. Al romperse los monopolios y dar paso a la competencia, se tendrán acceso a las mismas herramientas que agregan competitividad a los países desarrollados.
Claro que no es tan simple la cosa. Habrá que asegurar que los países puedan aprovechar las oportunidades a favor de sus ventajas previstas en un TLC. La clave está en la negociación de la “letra chiquita”, ésa que implica implementar cambios a los marcos jurídicos de las partes para entrar en acción en un campo de juego más o menos nivelado para el comercio.
Es obvio que el impacto esperado de liberalización de la telecomunicación se diluirá para los países pobres, si por el otro lado, el socio poderoso mantiene prácticas desleales en perjuicio del comercio de los países pobres, como serían los subsidios de 1,000 millones de dólares diarios a la agricultura que es donde esencialmente radica la ventaja comparativa de los países pobres.
No se trata de que los países no abran sus mercados a la tecnología de las comunicaciones donde los países industrializados tienen grandes ventajas competitivas, sino que se trata que ellos abran también sus mercados a los productos agrícolas, donde los países pobres tienen ventajas comparativas. Se trata de un intercambio de piezas en una negociación de “ganar-ganar” para ambos lados.
Solamente cuando las condiciones de comercio propicien un clima de competitividad, se podrá responder a la pregunta de cómo combatir la pobreza, pues el comercio se convertirá en esa herramienta a que está llamado para la reasignación equitativa de la riqueza, en vez de utilizar la compensación social a través de la cooperación internacional.
Una negociación en la Organización Mundial del Comercio (OMC), será “positiva” si las empresas y familias latinoamericanas pueden tener acceso a la innovación tecnológica que les permitirá mayor competitividad y que difícilmente podrán desarrollar por cuenta propia. Ganar eficiencia con la tecnología de la comunicación significará un ahorro a los países en desarrollo de 500 millones de dólares de ahora al 2010. Esta eficiencia sin embargo, no debe ser desvirtuada con los obstáculos al comercio en los mercados de los países desarrollados.
Para los países como Estados Unidos, contribuir a un clima recíproco de competitividad para sus mercados de exportación en América Latina, también se reflejará en una reducción de costos agrícolas para sus consumidores. Por otro lado, al mejorar el poder adquisitivo de los países pobres, esos mercados de exportación demandarán más importaciones con mejores oportunidades para la tecnología americana, a la que podrían reorientarse el subsidio agrícola millonario.
De esa manera Estados Unidos optimizará su ventaja competitiva en un negocio trillonario capaz de absorber a los desplazados de la agricultura, mientras que América Latina podrá satisfacer sus problemas de pobreza con trabajo y dignidad.
Se trata de convertir realmente al Comercio en el motor de la prosperidad con equidad.
* La autora es Presidenta Ejecutiva del FISE y Catedrática de la Universidad Tomás More
