Consuelo Sandoval
La bancada liberal demandó ayer del Gobierno la entrega de los 10 millones de dólares que los diputados de la Asamblea Nacional se autoasignaron para financiar obras sociales, provenientes de los recursos que generó la privatización del 40 por ciento de las telecomunicaciones.
El presidente de la Comisión de Justicia, diputado arnoldista Donald Lacayo, anunció ayer que remitirá una comunicación oficial al Gobierno para que desembolse esa plata que se encuentra depositada en el Banco Central como parte de las reservas nacionales desde 1998.
“Ese dinero no es del Gobierno, los intereses que ha generado tampoco son del Gobierno, es de los diputados que somos los que vamos a determinar la inversión que vamos a hacer con esos 100 mil dólares aproximados que corresponden a cada diputado. Mi deber como presidente de la Comisión de Justicia es velar por el cumplimiento de la ley”, expresó Lacayo, quien aseguró que esa suma de dinero ha acumulado unos 800 mil córdobas en intereses.
Rechazó que la exigencia del desembolso de ese dinero, esté asociada a la búsqueda de recursos para financiar la próxima campaña electoral de los candidatos a alcaldes del Partido Liberal Constitucionalista.
Lacayo aseguró que todas las bancadas legislativas, incluyendo la sandinista, estaban de acuerdo en exigir la entrega de los 10 millones de dólares.
Sin embargo, su colega sandinista René Núñez, tácitamente lo desmintió al señalar que el desembolso del dinero deberán estudiarlo con el Gobierno.
“Aunque por ley le corresponde el uso de esos 10 millones a la Asamblea Nacional, nosotros consideramos que no es el momento de discutir ese tema.
Entiendo que los 10 millones están desde hace más de cuatro años en las reservas del Banco Central, entonces, habría que estudiar con el Gobierno, con el Ministerio de Hacienda y las bancadas, la conveniencia de fortalecer las reservas nacionales en este instante”, expresó Núñez.
La ley de Incorporación de particulares en la Operación y Ampliación de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobada el 16 de junio de 1998, en su artículo 50 inciso 5 establece que se destinará “El equivalente de 10 millones de dólares de Estados Unidos de América para la ejecución de proyectos presentados por cada uno de los diputados de la Asamblea por partes iguales para obras sociales”.
