María José Uriarte R.
El canciller Norman Caldera negó que el Gobierno o el Ejército de Nicaragua hayan implementado el cobro de un “peaje” a los pobladores costarricenses para poder navegar por el río San Juan, tal como lo denunciaron presuntos afectados, a la fuerza pública de Costa Rica.
Caldera afirmó que el Ejército investiga esa situación, y no descartan que alguien se haya “libreteado” aplicando esa medida, ya que no es una política que se haya aprobado en los últimos días. El diario La Nación, del vecino país, destacó que el cobro se reanudó el pasado primero de mayo y es de 700 colones.
“Aparentemente hubo alguna persona que por su propia cuenta tomó esa decisión, que sea una política establecida no, que puede haber sucedido alguna vez sí”, respondió el canciller Caldera.
EJÉRCITO INVESTIGA
Dijo que autoridades del Ejército le comunicaron que están investigando este hecho, al parecer aislado, porque en ningún momento se ha orientado que se realice el cobro a nadie por navegar en el río San Juan.
Señaló que de parte del Gobierno de Costa Rica no ha habido ninguna comunicación directa al respecto, y si se llegará a concretar, aseguró que esperan se haya aclarado la situación.
LA VERSIÓN COSTARRICENSE
Según el diario La Nación, un sargento de apellido Chávez fue la persona que le comunicó a uno de los afectados, el ciudadano Jasón Hernández, la nueva medida de cobrar 700 colones por navegar sobre el río San Juan.
Destacó que Hernández sólo navega 600 metros en el río San Juan, específicamente desde Boca San Carlos hasta su finca.
Relata el ciudadano que al llegar al puesto del Ejército, le solicitaron el pago y le manifestaron que “por órdenes superiores” seguirían cobrando a todas aquellas personas que naveguen por el río San Juan.
“Nunca esperábamos esto, porque ellos (los miembros del Ejército) cruzan a las pulperías de Boca San Carlos y nadie les dice nada”, señaló el afectado.
El diario costarricense relata que éste no es el único caso, recordando que esa situación no debería presentarse porque el 26 de septiembre del 2002, los gobiernos de Costa Rica y de Nicaragua habrían suscrito un acuerdo que eliminaba cualquier cobro que afectase el libre tránsito vecinal fronterizo.
Al suscribirse el convenio Costa Rica aceptaba, por su parte, postergar cualquier acción ante tribunales internacionales para dilucidar el diferendo por la navegación de policías ticos armados por el río San Juan.
