- CSE convoca a partidos para que envíen sus propuestas
María José Uriarte R.
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Temen que Reglamento de Ética sea arma de doble filo
| CSE convoca a partidos para que envíen sus propuestas |
María José Uriarte R.
Los partidos políticos deberán enviar sus consideraciones a la propuesta de Reglamento de Ética Electoral elaborada por el Consejo Supremo Electoral (CSE), a más tardar el próximo 24 de mayo, el que tiene por objetivo normar los parámetros de comportamiento de funcionarios, dirigentes y activistas de los partidos políticos que participan en la contienda electoral municipal.
El candidato a alcalde del partido Unidad Nacional (UN) Rafael Córdova, se mostró preocupado, no por la emisión de un Reglamento de Ética, el cual considera necesario, sino porque éste pueda esconder alguna trampa para las organizaciones políticas que adversan a los partidos mayoritarios, y quieran quitarlos de su camino, como se hizo anteriormente.
Agregó que las personas que administran los reglamentos no son imparciales, ya que para nadie es un secreto la forma en que está dominado el Poder Electoral y eso les causa temor, porque ya existen precedentes.
NO TIENEN AUTORIDAD MORAL
Comentó que se da una contradicción, porque algunos magistrados han sido señalados por irregularidades, como el caso de Silvio Américo Calderón, que utilizó vehículos de ese Poder del Estado para la construcción de su vivienda, y ahora se tenga que encargar de asuntos relacionados a la ética.
Córdova es del criterio que el tema de la ética y moral es un aspecto susceptible, por lo que ve conveniente crear durante el proceso electoral una especie de consejo, conformado por representantes de las organizaciones políticas que participan en la contienda electoral y funcionarios del CSE, para que no recaiga sólo en ellos la responsabilidad de dirimir cualquier actuación de determinado candidato o dirigente.
RESPETAR EL MARCO LEGAL
En el artículo tres de la propuesta de Reglamento de Ética se establece que los partidos políticos deberán respetar el orden constitucional, legal y resoluciones de ese Poder del Estado.
Hace un llamado a observar las normas de ética y moral, prevaleciendo el respeto a las opiniones políticas de los adversarios políticos, de forma que las ideas se combatan con ideas, dentro del marco de la cultura, civismo y madurez.
Además de la dignidad de los funcionarios y empleados públicos, dirigentes, líderes, militantes, simpatizantes y activistas de las organizaciones políticas, candidatos, electores y sociedad en general.
JUEZ Y PARTE
En este sentido, Córdova considera que si un candidato critica la actuación de funcionarios del CSE, pueden sancionarlo y aprovechar para quitarle sus derechos al postulante, sacándolo del juego político.
“Yo no sé, si realmente estos funcionarios públicos se van a sentir que uno le está faltando al respeto a su dignidad si yo digo que son magistrados que representan a caudillos políticos, si no puedo hablar la verdad que es conocida por todos los nicaragüenses que en el CSE hay bancadas, me van a tener que sancionar”, expresó Córdova.
Estima que si se pide respeto para los funcionarios, lo lógico es que funcione en ambas vías, es decir, que de la misma forma depongan sus intereses partidarios y respondan a los lineamientos establecidos en las leyes, sin afectar a los otros partidos políticos.
Reiteró que al menos el PUN, está “jugando bajo protesta” en el proceso electoral municipal, porque sienten que las reglas no son equitativas para todos los partidos políticos, sino que les dejan las “sobras” que les ofrecen los partidos mayoritarios.
LAS PROHIBICIONES
Dentro de las prohibiciones están: propiciar de parte de los líderes de partidos políticos el consumo y distribución de bebidas alcohólicas, drogas y estupefacientes a participantes de las caravanas de vehículos, manifestaciones o concentraciones políticas públicas.
Usar altoparlantes para fines de propaganda político-partidaria antes de las siete de la mañana y posterior a las ocho de la noche.
La participación activa de miembros de la Policía Nacional y del Ejército en actos de proselitismo político y propaganda electoral cuando estén en el ejercicio de sus funciones.