Jorge Loáisiga Mayorga
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Investigan operaciones en Banco Uno
Jorge Loáisiga Mayorga
El Ministerio Público y la Policía Nacional investigan desde hace ocho meses supuestas irregularidades financieras en el Banco Uno, que incluyen el otorgamiento de créditos a personas “fantasmas”, sobregiros de créditos a sociedades relacionadas y la triangulación de créditos a través de particulares para beneficiar a la sociedad Agroindustrial Montelimar (Amsa), sociedad presuntamente relacionada al Banco Uno, según pudo verificar LA PRENSA.
Las supuestas operaciones financieras se habrían realizado de manera sistemática desde 1995 hasta el año 2000 y se calculan en 5.9 millones de dólares. Los montos de los créditos iban desde los 25 mil dólares hasta los 400 mil dólares.
Entre los créditos fantasmas que se mencionan en la investigación, está el de Edwin Maradiaga Lacayo, otorgado el 28 de julio de 2000, por la cantidad 300 mil dólares. El dinero supuestamente fue trasladado o depositado a la cuenta de la empresa Servicio de Transporte de Carga S.A., empresa supuestamente relacionada a Amsa. Maradiaga es uno de los denunciantes.
En este contexto, el Director General de la Policía Nacional solicitó a la Juez Octavo de Distrito de Audiencia, Karla Patricia García, una orden de allanamiento y secuestro de documentos en el Banco Uno, la cual no se logró ejecutar ayer, porque los representantes de la institución bancaria alegaron que la misma no cumplía los requisitos legales establecidos en la Ley General de Bancos, referidos al sigilo bancario.
“Aprovechamos para aclarar que esta inspección obedece a una denuncia, la cual no está dirigida a Banco Uno como institución”, dice un comunicado del banco.
Durante dos horas y 15 minutos la Policía y fiscal asignado, Allan Velásquez, y los representantes del banco sostuvieron un estira y encoge sobre la legalidad de la actuación policial. Al final la Policía optó por retirarse del lugar.
La juez García dijo que ella no sabía de qué se trataba el allanamiento y el secuestro de los documentos que había ordenado.
FUERA DE LA LEY
Por su parte, el fiscal Julio Centeno dijo que las autoridades policiales estaban actuando fuera de la ley.
“Nosotros a tiempo actuamos porque prácticamente se estaba operando fuera de la ley y tuvimos que ser bastante fuertes con la Policía”, expresó Centeno
Mientras tanto el jefe de Relaciones Públicas de la institución policial, comisionado Marlon Montano, manifestó que la Policía actuó porque la Fiscalía la ofició para que realizara una investigación en este caso después de recibir la denuncia en contra del Banco Uno.
NO HAY RIESGO PARA AHORRANTES
El Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Alfonso Llanes, dijo que la acusación era de un prestatario contra personas naturales (los directivos) y no contra el banco.
“Parece que llegó el fiscal con la Policía a obtener la información del crédito de esta persona, primero para poder obtener información tienen que venir con orden judicial a la Superintendencia para que nosotros le demos instrucciones al fiscal y al banco para que levanten el sigilo”, indicó.
Llanes negó el hecho de que el Banco Uno esté intervenido por la Superintendencia de Bancos (SIB). “El banco está financieramente sólido, nosotros hacemos las mediciones de su adecuación de capital, de su liquidez, de su cartera de préstamos… el banco está siendo manejado por personas responsables”.
Señaló de manera categórica que el Banco Uno está operando normalmente y llamó a los involucrados a que resuelvan las diferencias en los Juzgados.
ABOGADO DENUNCIA OTRAS OPERACIONES
El abogado de los denunciantes, Mario Orozco Scott, dijo que esta institución financiera está cobrando préstamos millonarios a personas que supuestamente jamás han solicitado o recibido créditos de esa institución.
El abogado de las supuestas víctimas dijo que tiene documentación “que en su momento les vamos a hacer llegar”, mientras mostraba en las afueras de la sede principal de ese banco, una copia de un documento con el membrete de Banexpo, donde según él “se reflejan una serie de irregularidades como una transferencia financiera de 5.9 millones de dólares que fueron enviados desde la Isla Gran Caimán, para cubrir supuestas anomalías de este banco”.
“Con estos 5.9 millones se cubrieron una gran cantidad de créditos fantasmas, créditos que pusieron en riesgo el dinero de los depositantes. Esto es una fotocopia, y por eso es el allanamiento, porque queremos recuperar los originales, y denuncio ante la opinión pública que la Policía Nacional ha cedido a presiones”, exclamó el abogado sin especificar de dónde venían las presiones.
“Hay otras empresas: Aguas Industriales, Cafetaleros del Norte, y otra cantidad de personas naturales y jurídicas a los cuales en algún momento van a cobrarles”, señaló el abogado, sin dar más detalles de sus acusaciones.
“Vamos a presionar al banco, a la Policía, al Ministerio Público, para que ejecuten el allanamiento, que no lo ordené yo, sino un juez”, insistió Orozco, quien dijo representar a tres personas, de posibles 25 “afectadas”.
PRESTANOMBRES DESCONTENTOS
La denuncia contra los directivos de Banco Uno fue interpuesta por Edwin Maradiaga Lacayo y Narciso Mayorga Pallais en el Ministerio Público, este último representante de la sociedad Sandra Raice S.A. y ex gerente general de Amsa.
Mayorga aseguró que desde 1995 hasta el 2000, él y Maradiaga prestaban sus nombres para que el entonces Banco de la Exportación (Banexpo), hoy Banco Uno, otorgara préstamos (triangulados a través de ellos) a Agroindustrial Montelimar. Las sumas de los créditos a estas personas llegaron hasta 1.3 millones de dólares.
El caso estalló porque el banco empezó a requerirlos de pago por la vía judicial, cuando supuestamente ellos solamente eran prestanombre que nunca recibieron un solo centavo y además permitían que sus propiedades fueran puestas en garantía para respaldar los créditos, bajo el compromiso de que sería Agroindustrial Montelimar quien pagaría las deudas.
(Con la colaboración de Gustavo Ortega, José Adán Silva, Carlos Martínez Morán y Mirna Velásquez).
