JosÈ Adán Silva
Por enésima vez en los últimos meses, la Fiscalía General de la República pidió al Gobierno un aumento de presupuesto para poder hacerle frente a la implementación del Código Procesal Penal, el cual entrará en vigencia el 24 de diciembre próximo en los Juzgados Locales de todo el país.
La solicitud fue expuesta ayer por el fiscal general Julio Centeno Gómez, ante la Comisión de Asuntos Económicos y Finanzas, de la Asamblea Nacional, a la que pidió que en las reformas presupuestarias le asignen al Ministerio Público al menos 17 millones de córdobas antes de diciembre, para poder contratar unos 50 abogados que ejerzan las funciones de fiscales en todo el país.
Centeno se quejó que para este año 2004 solicitaron un presupuesto de 80 millones de córdobas, pero sólo les asignaron 42 millones, lo cual, según sus cálculos, no ajustará para priorizar un 33 por ciento del total de 155 municipios donde tiene cobertura la Corte Suprema de Justicia.
El fiscal expresó su descontento con el Poder Ejecutivo, que es quien propone la asignación de presupuesto, ya que según él, no se le está prestando la debida atención al sistema de justicia en Nicaragua.
“A pesar que en diciembre de este año inicia la aplicación del Código de Procesamiento Penal (CPP) en los Juzgados Locales, donde se tramitan casos con penas menores de tres años, que son la mayoría de hechos delictivos que ocurren en el país, el Gobierno nos recortó presupuesto”, expresó.
“Es una situación dramática. Este año vamos a necesitar un mínimo de 151 fiscales para la aplicación del CPP en todo el país, y apenas tenemos cinco fiscales para eso; no sé de dónde vamos a sacar presupuesto para ese Código, lo más probable es que no arranquemos este año y la justicia se paralice, porque a partir de diciembre en cualquier Juzgado no se podrá llevar juicio, ni la Policía podrá investigar o detener, sin la presencia de un fiscal, y hasta el momento no sabemos cómo hacerle frente a eso sin el presupuesto adecuado”, se quejó Centeno.
Una vez que entre en vigencia el CPP para los Juzgados Locales, un fiscal deberá tener presencia en cada uno de los 155 Juzgados Locales que existen en todo el país, pero apenas cuentan con 101 fiscales y con el presupuesto que tienen apenas podrían contratar menos de 10 fiscales más, dejando a la justicia con un déficit de 44 Juzgados sin fiscales.
