Luis Solórzano López
Me preocupa la falta de cobertura de los medios de comunicación sobre los juicios que tiene Nicaragua en contra de los gobiernos de Honduras y Colombia, ante la Corte Internacional de Justicia. Debería informársele a la ciudadanía cómo marchan esos juicios y en qué benefició a Nicaragua haber quitado el “impuesto patriótico” del 35 por ciento a las importaciones procedentes de Honduras.
La Asamblea Nacional aprobó ese impuesto como respuesta a la estocada que le dio a Nicaragua y a la integración centroamericana el Gobierno del presidente Carlos Flores Facussé, al ratificar un tratado con Colombia que tenía 14 años de estar engavetado, y más aún cuando la Corte Centroamericana de Justicia le pidió al Gobierno hondureño abstenerse de ratificarlo.
Honduras firmó un tratado con Colombia en 1986, cuando el gobierno de Daniel Ortega lo acusó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero cuando doña Violeta Chamorro asumió el poder desistió de la demanda y renunció a la indemnización que la Corte le impondría a Estados Unidos y Honduras a favor de Nicaragua. Esto fue un gesto de hermandad y voluntad integracionista, y por lo tanto el Gobierno de Honduras no tenía ninguna razón que justificara la ratificación de un tratado que lesiona la soberanía marítima de la patria centroamericana.
