José Adán Silva
El administrador de un bufete de abogados que representa a miles de ex obreros chinandeganos, presuntamente afectados por el Nemagón, llamó desde Los Ángeles, Estados Unidos, para anunciar que antes de que finalice el mes de mayo traerá a Nicaragua 20 millones para la construcción de un hospital donde se atiendan a los afectados por el pesticida.
Walter Gutiérrez, polémico administrador del Bufete Ojeda, Gutiérrez, Espinoza y Asociados, anunció ayer vía telefónica desde Los Ángeles, donde se tramitan las ejecuciones de sentencia a favor de unos 500 ex trabajadores bananeros nicaragüenses, aseguró que “antes del 25 de mayo estaremos allá con 20 millones de dólares para construir un hospital para toda esa gente tan sufrida”.
Según Gutiérrez, el dinero fue gestionado por cuenta del Bufete de Walter Lack y Thomas Girardi, quienes representan en Estados Unidos la parte legal de un grupo de demandantes nicaragüenses, quienes acusan a tres compañías norteamericanas, Dole, Dow y Shell, de ser los causantes de sus daños físicos y morales, producto de la aplicación del pesticida conocido como Nemagón, el cual fue aplicado en las plantaciones bananeras de Chinandega entre los años 70 e inicios de los 80.
AÚN NO HAY ARREGLOS EXTRAJUDICIALES
Otros dos grupos de abogados, como el Bufete de Juan Domínguez y el de Provost Humphrey, también participan en las demandas en Nicaragua, pero no forman parte del grupo que supuestamente está tramitando los mencionados 20 millones de dólares.
“No es dinero de ninguna negociación, no estamos aquí para negociar nada, ellos (los empresarios americanos) cometieron un crimen y deben responder por ello ante la justicia norteamericana, porque está de nuestro lado”, dijo Gutiérrez.
El caso que el bufete de Gutiérrez pelea en tribunales de Estados Unidos, es el referente a una sentencia que en diciembre del 2002 se falló a favor de casi 500 ex trabajadores bananeros, a quienes una juez ordenó que las compañías americanas les pagaran 489 millones de dólares.
El caso en mención fue rechazado inicialmente por la juez de California, Nora M. Manella, el año pasado, pero luego fue apelado por los abogados de los nicaragüenses. Posteriormente los abogados de una de las compañías acusaron a los demandantes nicaragüenses, incluyendo a los abogados y los campesinos, de tratar de defraudar a las empresas americanas mediante falsas pruebas médicas y legales.
En las demandas contra las compañías participan aproximadamente 15 mil personas, quienes piden una indemnización que en términos globales supera los 17 mil millones de dólares.
