La Penca, 20 años después, es todavía un caso abierto

Documentos clasificados del Senado de EE.UU. son unos de los principales obstáculos, según reportaje del diario Al Día de Costa Rica Gilda González Roman, Times, serif»> La Penca, 20 años después, es todavía un caso abierto Documentos clasificados del Senado de EE.UU. son unos de los principales obstáculos, según reportaje del diario Al Día de […]

  • Documentos clasificados del Senado de EE.UU. son unos de los principales obstáculos, según reportaje del diario Al Día de Costa Rica

Gilda González

Roman, Times, serif»>
La Penca, 20 años después, es todavía un caso abierto



Documentos clasificados del Senado de EE.UU. son unos de los principales obstáculos, según reportaje del diario Al Día de Costa Rica

Gilda González




Las investigaciones por el atentado de La Penca, ocurrido hace 20 años, están abiertas, pero en “punto muerto”, dice la Fiscalía.

Las pesquisas siguen vivas porque el delito de homicidio calificado no ha prescrito, pero enfrenta tres obstáculos “de muy difícil superación” que lleva a las autoridades a definir la investigación como estancada.

Según el fiscal general Francisco Dall’Anese, los tres motivos más importantes para que no avance la investigación son:

—En el territorio nacional se agotaron pesquisas sin resultados para llevar el asunto a juicio.

—Interesa el estudio de documentos en poder del Senado de Estados Unidos de América, inaccesibles por haberse declarado secretos por el Gobierno de dicho país.

—No ha sido posible individualizar al autor material de los hechos, ni siquiera por medio de Interpol y ha sido infructuosa la extradición de John Hull y Felipe Vidal, estadounidenses residentes en su país e investigados por este caso.

Así se lo especificó Dall’Anese al Defensor de los Habitantes, José Manuel Echandi, en una carta fechada el 27 de febrero anterior en donde indica que de esos tres aspectos, “el segundo punto (los documentos del Senado) es el mayor obstáculo para terminar las indagaciones, pues si se pudiera establecer la identidad del autor de los hechos y vincular a Hull y Vidal, si no se tiene prueba resulta imposible fundar una acusación”.

Esta posición de la Fiscalía está basada en un informe rendido por el fiscal adjunto Jorge Chavarría, quien tuvo a su cargo el caso cuando ocurrieron los hechos.

“En esta situación, lo pertinente es mantener la investigación abierta a la espera de elementos probatorios que pudieran venir a calmar la incertidumbre procesal, pues dada la gravedad de los hechos no es aceptable cerrar de momento la investigación”, señala el documento.

Al conocerse oficialmente que el caso sigue abierto, le revive la esperanza a algunas de las víctimas sobrevivientes del histórico atentado de que el caso sea resuelto algún día y que no quede impune.

El atentado ocurrió la noche del 30 de mayo de 1984, en un desolado lugar conocido como La Penca, sobre la margen nicaragüense del río San Juan. Mató a tres periodistas y a cuatro guerrilleros. Dejó 20 heridos. La bomba estalló mientras Edén Pastora, el “Comandante Cero”, ofrecía una conferencia de prensa.

En esa conferencia, Pastora estaba a punto de revelar supuestas presiones de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) para que se incorporara al estado mayor de la “Contra”, que funcionaba al norte de Nicaragua, en la frontera con Honduras.

La posición de la Fiscalía mediante esa misiva, de la que Al Día tiene copia, se debió a un informe sobre el caso elaborado por la Defensoría de los Habitantes y remitido al Ministerio Público el 23 de diciembre anterior.

La Defensoría había recibido una queja del periodista Roberto Cruz Sandoval, víctima de La Penca y quien falleció de cáncer el 23 de febrero del 2003.

Con base en la investigación hecha por la Defensoría se le recomendó al Ministerio Público “ordenar la apertura de un procedimiento que permita elaborar la resolución que ponga fin a la etapa investigativa que llevan a cabo”.

Mientras tanto, a la Corte Plena se le recomendó “ordenar la apertura de un procedimiento administrativo con el fin de que se investigue si el Ministerio Público ha velado por la asignación de los recursos necesarios y/o exclusivos para que dicha instancia finalizara la etapa investigativa del caso La Penca”.

Hace cuatro años, el 30 de mayo del 2000, el entonces Fiscal General, Carlos Arias, designó a una fiscal para que retomara la investigación, pero hasta el momento no se conocen resultados. Se trató de hablar sobre el tema con Dall’Anese, pero remitió a la carta enviada en febrero a la Defensoría. “El fiscal indicó que lo que dice ahí es lo que se tiene”, dijo la periodista Isabel Hernández, de la Oficina de Prensa y Relaciones Públicas del Poder Judicial.

Tampoco fue posible contactar al fiscal Jorge Chavarría. Como principal sospechoso del atentado figuró, en su momento, un hombre identificado como Per Anker Hansen, cuyo paradero es un misterio.

En sus pesquisas, la Defensoría recibió un informe de Francisco Sánchez Fallas, juez coordinador del Juzgado Penal de San José, el 30 de enero del 2002, donde se indica: “Se le atribuye al Juzgado Penal de San José el haberse negado a tomar medidas cautelares contra algunos de los acusados, ni siquiera contra John Hull, a pesar de que Costa Rica ha pedido la extradición de este individuo”.

MURIÓ SIN RESPUESTA

Una denuncia del periodista Roberto Cruz, ya fallecido, impulsó a la Defensoría de los Habitantes a investigar el tratamiento que se le ha dado al caso de La Penca.

La vigencia de las pesquisas sobre el atentado de La Penca revive, a medias, las esperanzas de las víctimas de la explosión ocurrida el 30 de mayo de 1984.

En el sitio murieron desangrados Lynda Frazier, corresponsal de la Associated Press (AP) y de The Tico Times, y Jorge Piedra, camarógrafo de Canal 6.

Luego murió en el Hospital México, Evelio Sequeira, chofer de Canal 6 y asistente del camarógrafo.

Resultaron heridos los periodistas Edgar Fonseca, Roberto Cruz, William Céspedes, Carlos Vargas Gené, Nelson Murillo y José Rodolfo Ibarra.

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