María José Uriarte R.
El diputado sandinista Gustavo Porras considera que no se debe seguir posponiendo la discusión y aprobación de la Ley de Regulación Salarial, obviada de la agenda parlamentaria a causa de la ruptura con la bancada liberal por los acontecimientos alrededor del ex presidente Arnoldo Alemán.
El diputado sandinista indicó que a pesar que el dictamen no es compartido en su totalidad por los movimientos sindicales, ya que ellos esperaban una relación más equitativa entre el salario mínimo y los salarios máximos de los funcionarios públicos, es del criterio que la reducción planteada para los funcionarios es importante por la normativa en sí, y el ahorro que se obtendría del mismo.
El legislador considera que si el presidente Enrique Bolaños está planteando en su agenda de siete puntos mejorar el salario de los trabajadores, debe tomar como punto de partida el cabildear porque se apruebe esa ley y tener disponibilidad de recursos para aumentarle a los trabajadores.
Destacó que la masa laboral es la que dinamiza la economía, porque el trabajador es el que invierte su remuneración en la compra de la canasta básica por lo general, sin embargo, los que devengan altos salarios, sólo invierten un porcentaje, porque prefieren ahorrar parte de sus ingresos.
Con la Ley de Regulación Salarial se pretende disminuir el sueldo de los funcionarios públicos en un 30 por ciento, sin tomar en cuenta el 10 por ciento que se aprobó en el Presupuesto General de la República del presente año.
Según el dictamen, la remuneración del Presidente de la República queda en 4,462 dólares o su equivalente, y del vicepresidente en 3,825 dólares.
En lo referente al salario de los magistrados de los poderes de Estado, contralores, procuradores, fiscal, ministros y diputados, se establece en 3,315 dólares y el de viceministros, presidentes o directores de entes autónomos, entre otros, en 2,550 dólares.
Otro de los aspectos incluidos en el dictamen de la Ley de Regulación Salarial está presentar a la Contraloría General de la República y a la Policía Nacional un inventario y marcaje de los vehículos del Estado, el cual se debería entregar un mes después de que entre en vigencia la legislación.
La normativa también prohíbe a los funcionarios públicos y empleados, el uso de los vehículos propiedad de los distintos poderes del Estado, entes autónomos o descentralizados y alcaldías, en días u horas no hábiles.
Igualmente se inhibe a los funcionarios públicos del uso de tarjetas de crédito a cuenta de los fondos de las instituciones.