Fátima Tórrez GonzálezEspecial para LA PRENSA
Las cinco personas que el Ministerio Público acusó por los delitos de corrupción de menores, proxenetismo, trata de personas y violación en grado de tentativa, en perjuicio de dos menores de edad, fueron remitidas a juicio oral y público para el 2 de junio a las 9:00 a.m., así lo decretó la Juez Segundo Penal de Audiencia, María Concepción Ugarte.
De los cinco procesados, a cuatro se les mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva, menos a Nicolás Aburto Jarquín, dueño de la vivienda donde funcionaba el centro de masaje encubierto por el salón de belleza “Gavi”, donde presuntamente se prostituian a menores de edad y mujeres adultas.
La fiscal Silvia Sánchez dijo que la medida de arresto domiciliar nunca se cumple a cabalidad. “Desde que este señor (Aburto Jarquín) ponga un pie fuera de su casa, el Ministerio Público solicitará la revocación de la medida cautelar, él está acusado de proxenetismo, ya que alquilaba la vivienda donde se tenía el negocio”, manifestó.
Johana Ocampo Alvarado, dueña del negocio y otra de las acusadas, cambió a su abogado defensor, ahora es Virgilio Flores Arróliga, uno de los que fue defensor de Byron Jerez durante el sonado caso de los “camionetazos”.
Flores Arróliga había solicitado a la judicial el arresto domiciliar, alegando que su cliente era menor de edad y también porque supuestamente tiene dos meses de embarazo.
En este caso la fiscal Sánchez dijo que tiene en su poder la partida de nacimiento original de la acusada. “Esa joven cumple 20 años el 5 de noviembre de este año y solicitó la reposición de la partida de nacimiento en enero del 2003 en Mateare”, apuntó.
La solicitud de arresto domiciliar para Ocampo Alvarado fue negada por la judicial, quien únicamente la remitió a valoración en el Instituto de Medicina Legal para comprobar si realmente se encuentra embarazada. También remitió a Medicina Legal a José Santos López, el supuesto cliente que fue encontrado en una habitación con la menor de 14 años, para realizarle el examen de hipertensión y conocer si puede estar bajo régimen carcelario.
A Esperanza Sánchez López, administradora de la agencia de empleos González-Pasos, involucrada en este escándalo de corrupción, también le fue autorizado el arresto domiciliar, con una caución económica de cinco mil córdobas.
