- Magistrado Rivas aduce que a ese Poder no le corresponde investigar delitos electorales, solamente recaban la información
María José Uriarte R.
El magistrado Roberto Rivas confirmó que en el Consejo Supremo Electoral (CSE), no existen informes de los ingresos de algunos partidos políticos, y aunque en ningún momento lo dijo, uno de ellos es el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cuyas autoridades son cuestionadas por cometer delitos electorales, en el transcurso de la campaña electoral del 2001.
Esa situación es investigada por la juez Juana Méndez, y en este momento ha citado a varios funcionarios de gobierno, incluso la Contraloría General de la República, pretende citar al presidente Enrique Bolaños para aclarar cualquier relación con los delitos electorales que investiga esa judicial.
En diversas ocasiones, el presidente Enrique Bolaños ha desestimado las acusaciones por delitos electorales en contra de él, y otras personas que trabajaron en su campaña electoral; por utilizar supuestamente recursos provenientes de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN) la que sirvió para trasladar fondos del Estado.
El magistrado Rivas indicó que no le corresponde determinar si se cometieron o no delitos electorales, porque es competencia del sistema judicial pronunciarse al respecto, no obstante, reconoce que la Ley Electoral, establece como una responsabilidad de los partidos políticos cumplir con la ley, declarando sus egresos e ingresos.
Sólo reciben información y la pasan a otras instancias.
En caso contrario, explicó, el Poder Electoral se limita a recibir lo que les entregan los partidos políticos, e informar a las instancias correspondientes, porque no pueden estar detrás de ellos, para que entreguen la información pertinente.
“Lo que sí puedo decir que nosotros tenemos, y fue lo que di en ese momento, es los libros de gastos de los partidos políticos, y los libros de ingresos de algunos (partidos políticos), sin embargo, no tenemos todos los ingresos reportados y de acuerdo a la Ley sí deben de reportarse, pero corresponde al sistema judicial decir si hay o no delitos electorales”, precisó Rivas.
La Ley Electoral establece en el artículo 104, que la documentación de las contribuciones privadas directas a los partidos políticos o alianzas de partidos será pública quedando esta documentación a disposición de la Contraloría General de la República, lo que no se realizó por la falta de entrega del informe de ingresos.
Explicó que la falta de reporte de los ingresos de un partido político posterior a la campaña electoral, evidencia que hay un delito electoral, por ser una falta a la Ley Electoral, agregando que la misma pone sanciones.
Sobre las sanciones, el artículo 105 refiere que los partidos políticos que recibieron contribuciones prohibidas incurrirán en una multa equivalente al doble de la contribución privada no reportada, utilizándose posteriormente ese monto para la cedulación.
En el caso de las personas naturales, además de pagar una multa, se les restringe el derecho de elegir y ser electos en procesos generales o partidarios, sin perjuicio de las sanciones penales.
El magistrado Rivas manifestó que el informe de los gastos de los partidos políticos, ya fueron revisados por la Contraloría General de la República, pero no el de ingresos.
“Yo he visto en los medios escritos cuentas a nombre de personas y de fundaciones que no aparecen reportadas en el CSE, pero no me corresponde a mí decir si hay delitos electorales, sería invadir las funciones en el campo del Poder Judicial”, finalizó Rivas.
El CSE tampoco tiene registro de los aportes que gastó o recibió el grupo denominado “Amigos de Bolaños” que lo apoyaron durante la campaña electoral.
