Irving Prado
Para añadir a la inseguridad ciudadana los diputados cedieron ante un chantaje más de los transportistas. No hay pago de seguro vehicular de daños a terceros hasta dentro de seis meses, excepto los particulares.
Hasta ahí no más llegó la buena noticia de que la Policía Nacional haría respetar la ley de manera equitativa. Un año han tenido para pagar el seguro y aún les dan más. Ellos hubiesen sido los primeros en cumplir con esta exigencia de ley, pues son los principales causantes de los muchos accidentes que siempre terminan ya sea en heridos, muertes o particulares con sus vehículos destruidos.
Es una lástima y a la vez preocupante que sigamos a merced de legisladores y transportistas irresponsables. ¿Quién pagará por los destrozos humanos y materiales que ocasionarán buseros y taxistas en los próximos seis meses? A la hora de un accidente con uno de ellos, ¿por qué afectar la póliza de uno si ellos no tienen? ¿Ante quién recurriremos los particulares cuando seamos víctimas de su irresponsabilidad?
Al paso que vamos muy pronto estaremos viviendo bajo la “ley del monte”.
