Las obras de progreso en Bluefields se verán mermadas por el pago de una millonaria deuda, denunció el coordinador del gobierno regional.

Estalla crisis en el gobierno de la RAAS

Gobernador de Bluefields llamó ladrón al reverendo Rayfield Hodgson, presidente del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur Hodgson está en Managua para arreglar con Hacienda la forma de pagar 11.5 millones de córdobas por un edificio a medio construir José Adán Silva ySergio León C.CORRESPONSAL / BLUEFIELDS El coordinador del Gobierno en el Atlántico Sur, […]

  • Gobernador de Bluefields llamó ladrón al reverendo Rayfield Hodgson, presidente del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur
  • Hodgson está en Managua para arreglar con Hacienda la forma de pagar 11.5 millones de córdobas por un edificio a medio construir

José Adán Silva ySergio León C.CORRESPONSAL / BLUEFIELDS

El coordinador del Gobierno en el Atlántico Sur, Guy Crosby Cox Wallace, acusó ayer al Ministerio Hacienda y Crédito Público (MHCP), de confabularse con el presidente del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur, reverendo Rayfield Hodgson, para “robar al pueblo costeño su presupuesto para ejecutar obras de progreso”.

Cox Wallace, reaccionó muy molesto ayer tras conocer que Hacienda y el Juez Único de Distrito Civil de Tipitapa, ordenaron al Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur, cancelarle una deuda de 11.5 millones de córdobas, al italiano Amadeo De Nisi, por supuestamente construir el Palacio de la Autonomía en Bluefields.

“Son unos ladrones. Rayfield Hodgson es un ladrón. Se quieren confabular con Hacienda para robarnos nuestro presupuesto de gobierno. Con este dinero tenemos que hacer obras de progreso. Construir calles. Les aseguro que pase lo que pase no les voy a pagar ese dinero porque no construyeron nada. Son unos ladrones”, gritó Cox en Bluefields, ante diferentes medios de prensa locales.

En tanto LA PRENSA conoció que el reverendo Rayfield Hodgson Bobb, viajó desde ayer a la ciudad capital para visitar hoy el Ministerio de Hacienda y ponerse de acuerdo en la forma de pago de los 11 millones 452 mil 397 córdobas que el gobierno regional le adeuda al italiano Amadeo De Nisi.

HAY QUE PAGAR

El asesor personal del reverendo Hodgson, Heberto Woo Amador, aseguró que “hay una sentencia dictada. Tenemos que cumplir con ella. No estamos discutiendo si hay palacio (edificio) o no. Lo que sí sabemos es que el Gobierno fue mal asesorado en la defensa del caso, y por eso perdieron en Tipitapa. Aquí no vamos a caer en desacato judicial por romanticismo de alguien. Hay que pagar porque así lo ordena Hacienda y el Juzgado de Tipitapa”, sentenció.

LA PRENSA tiene en su poder una segunda resolución judicial firmada el 10 de marzo de este año, por el Juez Civil de Distrito de Tipitapa, Roberto Martín Gómez Rosales, donde indica que la ejecución de la sentencia no depende del arbitrio de las partes (Gobierno y Amadeo De Nisi) sino que debe ser ejecutada de inmediato, “esta sentencia es de ineludible cumplimiento”, concluye.

¿DEUDA SUBIÓ A C$16 MILLONES?

Según cálculos de Erwin Castillo, abogado del italiano Amadeo De Nisi, debido a intereses atrasados hasta el día de hoy el monto de la deuda asciende a cerca de un millón doscientos mil dólares (arriba de 16 millones de córdobas).

Castillo dijo a LA PRENSA que a pesar de tener todos los recursos legales a su favor, se pronunció incluso por llegar a un arreglo de pago, cosa que es tajantemente rechazada por el gobernador de la RAAS, Guy Cox, quien se niega a pagar.

El italiano De Nisi fue contratado para construir un edificio público en Bluefields, el cual no fue concluido porque el gobierno regional alegó falta de fondos, según el abogado.

De Nisi, quien asegura haber invertido 300 mil dólares en la construcción del edificio de lo que sería el Palacio de Autonomía, dice que el propio gobierno regional incumplió el contrato al suspender las obras en el año 1996.

HACIENDA RECONOCE SENTENCIA JUDICIAL

En un documento oficial de la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Hacienda, se lee que la sentencia de Tipitapa contra el gobierno regional está “con plena fuerza”, y en vista que el caso fue jurídicamente mal manejado, “el gobierno regional debe tomar una decisión para dar cumplimiento a la sentencia ejecutoria”.

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