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Obligan a periodista panameño a declarar contra su voluntad
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PANAMÁ.- Contra su voluntad, el fundador del diario La Prensa y ahora uno de sus principales articulistas, Roberto Eisenmann, fue llevado el miércoles por agentes judiciales a una Fiscalía de la capital para que rindiera declaración sobre una denuncia en su contra por calumnia e injuria.
Eisenmann, en una acción sin violencia, fue trasladado por miembros de la Policía Técnica Judicial hasta la Fiscalía auxiliar, donde salió poco antes del mediodía, dijo a la AP, Angélica Maytín, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, de la cual Eisenmann es presidente.
El caso tiene que ver con una querella formulada hace unos meses por el fiscal general José Antonio Sossa por un artículo de opinión de Eisenmann, en el que planteaba que “el procurador, cuya obligación es luchar contra el delito, se dedica a proteger a los delincuentes y a demandar a periodistas y denunciantes”.
Eisenmann había rehusado presentarse ante los fiscales, al considerar que era “víctima de una persecución’’ por parte de Sossa.
“Este señor (Sossa) en vez de dedicarse a investigar denuncias de corrupción en el país, se ha dedicado a perseguir a los periodistas’’, se quejó hace poco el empresario en una entrevista con la AP.
Eisenmann fue uno de los arquitectos en la creación en 1980 del diario La Prensa, del cual fue presidente hasta 1995.
La Prensa tuvo una línea crítica contra el régimen militar durante la década de los ochenta, en fue cerrado en varias ocasiones.
Eisenmann se exilió en Estados Unidos en los últimos años del régimen castrense y retornó tras la caída del general Manuel Noriega a raíz de la invasión de Estados Unidos, el 20 de diciembre de 1989.
En Panamá existen decenas de denuncias por el delito de calumnia e injuria contra los periodistas, una cuestión que ha sido denunciada por organismos de prensa locales e internacionales.
Los defensores de la libertad de expresión han pedido por años que ese delito sea “despenalizado”, es decir, que sea tramitado por la vía civil y no conlleve castigo de cárcel.
