- Por firmar un convenio con Honduras que permitió el desvío del río Negro, pero Cancillería dice que no existe
Arlen Pérez
El Gobierno de Nicaragua fue condenado en el Tribunal Centroamericano del Agua, con sede en Costa Rica, por supuestamente haber suscrito un convenio con el Gobierno de Honduras, que perjudicó “a las personas y al medio ambiente” de la zona fronteriza llamada Palo Grande, del municipio de Somotillo, en el departamento de Chinandega.
Sin embargo, la Cancillería nicaragüense asegura que tal convenio, supuestamente para desviar las aguas, nunca ha existido, y que el río fue desviado por el huracán Mitch en 1998.
El Tribunal Centroamericano del Agua, un organismo de la sociedad civil, resolvió a favor de los demandantes que acusaron la semana pasada al Presidente de la República, Enrique Bolaños y a otros cinco funcionarios de su Gobierno, de firmar un convenio que permitió el desvío de las aguas del río Negro, en la zona fronteriza con Honduras, para favorecer a un grupo empresarial agrícola de ese país.
Las resoluciones del tribunal fueron: condenar a las Cancillerías de Honduras y Nicaragua por suscribir en el año 2002 un convenio que trajo “consecuencias dramáticas para la vida humana, económica y ambiental de la zona, sin los debidos estudios técnicos, sociales y económicos necesarios”, expresa parte de la resolución.
En su dictamen el tribunal exhorta a las máximas autoridades de ambos países para que en el menor plazo posible tome las acciones correctivas pertinentes a efecto de suspender la vigencia del convenio con Honduras y la restauración inmediata del caudal normal del río Negro.
NO HAY TAL CONVENIO
El director de Información y Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oscar García, expresó sobre la resolución del Tribunal Centroamericano del Agua, que nunca hubo ningún tipo de convenio entre Nicaragua y Honduras.
“El único acuerdo a que Nicaragua ha llegado con Honduras a través de cartas, es precisamente darle el manejo de cuenca hidrográfica al tema, y esto se está haciendo desde hace seis meses, precisamente en la reunión técnica que tuvo lugar en Choluteca en abril del año pasado, donde los funcionarios técnicos decidieron elevar a los cancilleres la propuesta de manejo como cuenca. Cabe destacar que en estas reuniones estuvieron representados la Alcaldía de Somotillo y el Centro Humbolt”, sostuvo.
García rechazó la afirmación en la que se acusa al Gobierno de haber autorizado en el año 2002 la desviación del río, en tanto que ésta fue provocada por el huracán Mitch en 1998.
García sostuvo que la entidad no emitió ninguna respuesta, desmentido o contradijo la demanda en tanto que el Tribunal Centroamericano del Agua es una organización de la sociedad civil que no tiene jurisdicción sobre los Estados.
No obstante, expresó García, la Cancillería envió un informe sobre el problema del río, en tanto que sería conocido por expertos en recursos hídricos, esperando consejos técnicos que pudieran ayudar a resolverlo. “Hasta el momento y, aunque se esperan consejos técnicos de parte de ese Tribunal, Nicaragua aún no los obtiene”.