María José Uriarte R.
Un grupo de ex miembros de la Resistencia Nicaragüense y retirados del Ejército amenazó con realizar una protesta poco usual hoy: desnudarse en la vía pública, si las autoridades de la Intendencia de la Propiedad no les resuelven la titulación de 155 propiedades.
En una reunión sostenida ayer, entre una comisión de los demandantes, autoridades de Hacienda y la Intendencia de la Propiedad, acercaron posiciones, en el sentido de establecer en un plazo de quince días, para empezar el proceso de titulación.
No obstante, los demandantes tienen sus reservas, porque aseguran que siempre es lo mismo, se comprometen y las autoridades no cumplen los acuerdos.
Las conversaciones continuarán hoy a las once de la mañana, y si no se concreta nada, procederán a quitarse la ropa y a marchar así por las calles como medida de presión para que atiendan sus reclamos, actividad que tenían prevista desde ayer.
Señalaron que esta situación se ha convertido en una larga lucha que vienen desarrollando desde los años noventa, y nunca termina de resolverse.
Las propiedades que piden se legalicen están ubicadas en los alrededores de Managua, Chontales, Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS) y Río San Juan.
El total de propiedades sin legalizar son 299, según datos proporcionados por los demandantes, pero sólo 153 son las que ya han sido verificadas por la Intendencia de la Propiedad.
Los ex miembros de la Resistencia y del Ejército permanecían ayer en los alrededores de Casa Presidencial, pero ante la falta de respuesta, es que han empezado a implementar más presión para que se les escuche.
Trabajadores de la finca El Ensayo, ubicada en Chinandega, fueron los primeros en impulsar una protesta de esa naturaleza, quitándose la ropa, acción que trató de ser impedida por la Policía Nacional en esa ocasión.
La comisión solicitó que en la reunión estuviera presente la viceministra de Hacienda, Vilma Rosa León York y el intendente de la Propiedad, Arturo Elí Tablada, pero al final llegó un representante de Hacienda, además del procurador Benjamín Pérez como garante de las conversaciones y posibles acuerdos.
